El Congreso del Estado de San Luis Potosí se encuentra nuevamente en el centro del debate democrático ante el avance de iniciativas que, bajo la narrativa de la modernización tecnológica y la seguridad, amenazan con consolidar un aparato de censura institucional. Héctor Serrano Cortés, diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabeza una estrategia legislativa que transita peligrosamente de la protección ciudadana al control absoluto de la opinión pública.
El antecedente inmediato de esta ofensiva es la controvertida legislación sobre inteligencia artificial, un marco normativo que originalmente se perfilaba como un escudo para sectores vulnerables —como mujeres e infantes— frente a los delitos cibernéticos. No obstante, la redacción final de dicha ley desvió su propósito original, convirtiéndose en una herramienta jurídica ambigua que hoy permite la persecución penal de comunicadores, defensores de derechos humanos y disidentes políticos. Lejos de enmendar los excesos de este mecanismo, la agenda parlamentaria actual apunta a una expansión de sus alcances restrictivos.
El nuevo proyecto del legislador del PVEM pretende adentrarse en la regulación de portales web, plataformas sociodigitales y espacios informativos independientes. El argumento oficial se ampara en la aparente urgencia de garantizar el derecho de réplica y erradicar las noticias falsas potenciadas por herramientas digitales. Sin embargo, detrás de este discurso protector se asoma la configuración de un tribunal de censura con la facultad de exigir datos personales y dictaminar la validez de los contenidos que circulan en el entorno digital.
Esta concentración de control resulta particularmente alarmante al contrastar las exigencias impuestas a la ciudadanía con los privilegios de la clase política. Mientras los creadores de contenido y periodistas enfrentan el riesgo de la criminalización, los legisladores locales se mantienen cobijados por el fuero constitucional. Esta figura jurídica les otorga una inmunidad procesal que les permite emitir declaraciones, descalificaciones o señalamientos sin temor a las repercusiones legales que sus propias reformas imponen al resto de la sociedad.
La preocupante sumisión de una parte considerable del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo estatal evidencia un retorno a prácticas caciquiles donde las leyes no se diseñan para salvaguardar las garantías individuales, sino para blindar las estructuras gubernamentales contra la fiscalización pública. La pretendida regulación de los medios digitales no es un avance democrático, sino el andamiaje legal para silenciar las críticas incómodas en un estado donde el lema «Sin límites» parece aplicarse únicamente al ejercicio del poder de forma autoritaria.
