El uso de la legislación penal para sancionar la difusión de contenidos digitales sigue siendo foco de atención mediática en el estado, luego de que el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, calificara como un atentado directo a la libertad de expresión la reciente detención de las comunicadoras Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo. Las mujeres fueron privadas de la libertad bajo la denominada «Ley Serrano», acusadas del delito contra la identidad de las personas tras difundir un video presuntamente modificado con inteligencia artificial.
Ante este escenario, el mandatario municipal fijó una postura contundente en contra de la severidad con la que se aplicó el marco legal, argumentando que la prisión es una medida desproporcionada que pone en riesgo la labor de cualquier periodista o creador de contenido. El edil enfatizó que el derecho penal representa la vía más agresiva del Estado y que nunca debió emplearse en este caso, sugiriendo que la regulación de los entornos digitales debe buscar mecanismos alternos alejados de las penas carcelarias.
La controversia ha escalado rápidamente al ámbito federal, motivando al alcalde a sugerir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise la constitucionalidad y la permanencia de dicha norma. Según expuso el funcionario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ha interpuesto recursos ante el máximo tribunal del país para buscar la invalidez de la ley, lo que demuestra que el conflicto ha superado la agenda local para convertirse en un tema de debate y preocupación en todo el territorio nacional.
Por otra parte, la situación jurídica de las comunicadoras generó cuestionamientos sobre el futuro laboral de Alejandra Hermosillo, quien compagina su actividad periodística con el cargo de coordinadora de Imagen Urbana dentro de la administración municipal. Al respecto, Galindo Ceballos disipó las dudas y confirmó el respaldo institucional a la funcionaria, asegurando que se mantendrá al frente de sus responsabilidades gubernamentales a pesar del proceso mediático y legal en curso.
