El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, afirmó que la Guardia Civil Estatal actuó en estricto cumplimiento de un mandato judicial durante el desalojo en el predio La Peña. El funcionario estatal rechazó que la movilización operativa contra la comunidad tének representara un acto de represión, argumentando que las fuerzas del orden público desconocen el trasfondo de los expedientes y únicamente atienden los requerimientos de restitución de inmuebles emitidos por jueces civiles y mercantiles.
En contraste con la postura oficial, organizaciones campesinas y habitantes denunciaron que el despliegue policiaco dejó personas lesionadas y seis comuneros con paradero desconocido. De acuerdo con los testimonios de los afectados, alrededor de un centenar de elementos estatales, ministeriales y civiles armados irrumpieron de forma violenta en el campamento donde un grupo de 100 familias indígenas resguardaba cerca de 200 hectáreas que han habitado de manera pacífica por más de tres décadas.
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) señaló directamente al exdiputado local José Antonio Zapata Meraz de orquestar el despojo agrario con fines inmobiliarios. La organización civil expuso que el exlegislador cuenta con el respaldo político de la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina, para reclamar la propiedad de las tierras —ubicadas estratégicamente cerca de la cabecera municipal— a pesar de que los títulos de compraventa contradicen la posesión histórica de la etnia tének.
El conflicto escaló debido a las omisiones institucionales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia federal que incumplió sus compromisos de protección y asesoría jurídica. Pese a tener conocimiento previo sobre el riesgo inminente de un desalojo forzado, las autoridades agrarias postergaron la intervención de la Secretaría de Gobernación, situación que culminó en las detenciones arbitrarias y en la exigencia urgente ante la Fiscalía del Estado para localizar con vida a los seis dirigentes comunitarios retenidos.
