A casi un año de haber sido detenidos y vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en Zacatecas, cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí permanecen recluidos en un Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de la entidad vecina, atrapados en la lentitud burocrática y la falta de ejecución judicial.
Aunque la defensa de los agentes ya obtuvo resoluciones favorables por parte del Poder Judicial de la Federación mediante juicios de amparo para modificar sus medidas cautelares, las autoridades zacatecanas mantienen congelada su aplicación. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, Jesús Juárez Hernández, quien reconoció que los fallos federales aún no se traducen en cambios reales para los uniformados.
El litigio no solo enfrenta el rezago para acatar los amparos, sino también la resistencia en los tribunales locales para integrar los elementos probatorios de descargo. De acuerdo con el funcionario potosino, los abogados defensores han tenido que insistir ante el Poder Judicial de Zacatecas para que se acepten las evidencias aportadas por la propia SSPC dentro de la causa penal, un paso indispensable para sostener la defensa institucional de los oficiales.
La postura oficial en San Luis Potosí se ha limitado al seguimiento administrativo y a la espera de que el aparato de justicia vecino decida cumplir con los mandatos federales. «En ese tema, le estamos dando seguimiento. Han surtido efecto algunos amparos. Las determinaciones han sido a favor de los elementos y estamos esperando la ejecución por parte de la autoridad local de Zacatecas», declaró Juárez Hernández.
El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando María N., José N., Etelberto N. y Roni N. fueron capturados y posteriormente vinculados a proceso tras ser señalados por su presunta relación con el hallazgo de siete cadáveres en territorio zacatecano. Desde entonces, el proceso ha puesto en evidencia las fricciones operativas y la falta de coordinación efectiva entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia de ambos estados, dejando a los cuatro agentes en el limbo legal a pesar de contar con resoluciones federales a su favor.





