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Consejero tének exige intervención del INPI ante detenciones arbitrarias por despojo agrario

El representante tének Rafael Reyes solicita al INPI asesoría jurídica urgente para liberar a los comuneros detenidos en el violento desalojo de Tampamolón Corona.

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El representante tének ante el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Rafael Reyes Martínez, solicitó formalmente la intervención urgente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para salvaguardar las garantías de los comuneros afectados en Tampamolón Corona. A través de un documento oficial dirigido a la dirección general de la dependencia, el consejero demandó asistencia legal integral y el debido proceso para lograr la inmediata liberación de los habitantes retenidos durante el violento operativo en el predio La Peña.

La agresión ocurrió el pasado 9 de junio, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal y civiles armados irrumpieron de forma violenta en el territorio comunitario para ejecutar una ocupación forzada. El escrito detalla que la incursión concluyó con la captura de Adriana Santos Bautista, Anselmo Gómez Juana, Antonio Reyes Martínez, Antonio Reyes Santiago, Feliciano Santos Sánchez y Miguel Santos, quienes enfrentan un proceso judicial sin el acompañamiento de defensores legales ni traductores en su lengua originaria.

Desde hace más de 30 años, un grupo de 100 familias indígenas ocupa de manera pacífica el predio en disputa, integrado por 200 hectáreas que particulares dejaron abandonadas. La defensa comunitaria argumenta que este arraigo prolongado cumple con todos los requisitos para invocar la prescripción positiva; sin embargo, la ubicación estratégica de las tierras a 200 metros de la cabecera municipal despertó una fuerte ambición comercial para impulsar proyectos de desarrollo urbano.

Reyes Martínez denunció que el desalojo se ejecutó en la total opacidad, debido a que la comunidad posesionaria nunca recibió una notificación previa sobre algún acto procesal o sentencia en su contra. Ante este escenario, el representante indígena urgió a dar aviso a la Cuarta Visitaduría de la CNDH para documentar los atropellos y acusó que el caso acumula una cadena de omisiones estructurales que han arrastrado diversas administraciones estatales y dependencias federales como la Sedatu y la Segob desde hace 30 años.

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