Con 25 votos a favor y una abstención, el Congreso del Estado aprobó una reforma electoral que establecerá las reglas para el proceso local 2026-2027, cuya etapa formal iniciará el próximo 15 de noviembre. El dictamen integró nueve iniciativas impulsadas por distintas fuerzas políticas, luego de una serie de mesas de trabajo entre las bancadas legislativas.
Uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento del voto para personas en prisión preventiva sin sentencia firme, al incorporarse este derecho en la legislación estatal bajo el principio de presunción de inocencia. La medida se implementará en coordinación con las autoridades electorales y penitenciarias. Además, los representantes de partidos políticos ante el CEEPAC conservarán su derecho a participar y recibir información, aunque su ausencia ya no impedirá la realización de sesiones ni afectará la validez de los acuerdos.
La reforma también incorpora trámites digitales para el registro de candidaturas y la entrega de documentación, con el propósito de agilizar los procedimientos y reducir el uso de papel. Asimismo, establece que el control de confianza para aspirantes será completamente voluntario; quienes decidan someterse a la evaluación podrán presentar la constancia correspondiente, pero ésta no será un requisito para competir ni tendrá efectos sobre su elegibilidad.
En materia de financiamiento público, los partidos políticos deberán destinar al menos el 4% de sus recursos para programas dirigidos a juventudes, porcentaje que anteriormente era del 3%. Se mantiene el 5% para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y, por primera vez, se fija un mínimo del 2% para acciones en favor de pueblos indígenas y población afromexicana.
Los legisladores también aprobaron modificaciones en la integración de los gobiernos municipales. A partir de esta reforma, cada ayuntamiento contará con una sola sindicatura, además de que se eleva a rango constitucional el principio de paridad de género para la conformación de presidencias municipales, regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional.
Otro de los ajustes establece que los convenios de coalición deberán registrarse 30 días antes del inicio de las precampañas, homologando el plazo con la legislación federal. De igual forma, se incorpora como nueva causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados de una elección, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la integridad de los procesos electorales.
Durante la discusión legislativa también se rechazó una propuesta presentada por Morena. La iniciativa buscaba exigir documentación con al menos un año de antigüedad para acreditar acciones afirmativas de identidad de género, con el argumento de evitar simulaciones y proteger los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+, planteamiento expuesto por la diputada Jessica Gabriela López Torres.
Con estas modificaciones, la Constitución local, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza quedan armonizadas con la legislación federal, creando el marco jurídico que regulará el proceso electoral 2026-2027 en San Luis Potosí.
