El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí registra un prolongado periodo de incumplimiento en materia de rendición de cuentas, de acuerdo con los reportes vigentes de la organización civil Ciudadanos Observando. Los análisis de la plataforma de transparencia estatal señalan que el instituto político ha omitido la publicación de sus obligaciones financieras y administrativas de manera sistemática durante los últimos dos años.
Esta situación se complementa con la falta de contestación a los mecanismos de consulta pública directa implementados por la ciudadanía a través de las vías institucionales.
Omisión de obligaciones y solicitudes sin respuesta
La organización documentó que el partido político no ha cargado los datos requeridos por la legislación local en la Plataforma Estatal de Transparencia. Asimismo, la entidad ha ignorado los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí para desahogar requerimientos específicos de información de acceso público.
De manera particular, se emitieron solicitudes de información bajo los folios de control 241479526000006, 241479526000007 y 241479526000008, con el objetivo de obtener copias digitales de la facturación y egresos realizados por el PT durante el periodo correspondiente de abril a diciembre del año 2025. El término fijado por la norma jurídica concluyó sin que la representación del partido entregara la documentación solicitada o justificara la prórroga de los tiempos de entrega.
Ciudadanos Observando expone que la resistencia a transparentar los movimientos financieros genera incertidumbre sobre la administración y destino de las prerrogativas públicas otorgadas a esta fuerza política, además de dificultar el control ciudadano sobre posibles anomalías en el ejercicio presupuestal.
El papel del órgano garante local
La falta de información disponible sitúa el foco sobre la actuación de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). La organización civil cuestiona el desempeño del órgano garante ante la ausencia de sanciones efectivas u órdenes de cumplimiento hacia los sujetos obligados que incurren en omisiones reiteradas.
La persistencia de estas conductas sin la aplicación de medidas de apremio pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los procesos de fiscalización y vigilancia para evitar que los partidos políticos evadan el escrutinio público de manera permanente en la entidad.
