El Congreso del Estado obtuvo una calificación reprobatoria en la séptima evaluación trimestral realizada por la organización Congreso Calificado. El reporte sitúa a la LXIV Legislatura en uno de sus niveles más bajos de desempeño debido a factores como el rezago legislativo, el ausentismo, la caducidad de iniciativas y la falta de canales de comunicación con la ciudadanía.
Por primera vez, el análisis se efectuó sobre 26 legisladores en lugar de 27. Esto ocurrió tras la negativa de Armando Navarro Tapia, suplente de Carlos Arreola Mallol, de asumir la curul. De acuerdo con la organización evaluadora, este hecho evidencia un desdén hacia las responsabilidades públicas en favor de intereses político-electorales.
Rezago institucional y el freno a las iniciativas ciudadanas
El informe revela que el 44 por ciento de las 749 iniciativas presentadas se encuentra pendiente de dictamen. Asimismo, la mayoría de los integrantes de la legislatura carece de páginas web o redes sociales actualizadas, lo que restringe el contacto con sus representados.
La gestión de las propuestas presentadas por la ciudadanía figura como uno de los aspectos más críticos. El documento señala que casi el 90 por ciento de las 89 iniciativas ciudadanas registradas fueron rechazadas, permanecen pendientes o caducaron. Además, 25 de las 27 comisiones dictaminadoras mantienen al menos una propuesta de este tipo sin resolver.
La organización también identificó omisiones técnicas y administrativas, advirtiendo que la negligencia legislativa provocó que 13 diputados acumularan propuestas con vicios de caducidad. Por otra parte, 11 legisladores omitieron incluir el apartado de impacto presupuestario en sus iniciativas, a pesar de ser un requisito obligatorio.
El ausentismo también registró un incremento significativo durante el trimestre, ya que 20 legisladores faltaron a por lo menos una sesión del Pleno, la cifra más alta reportada formalmente. Congreso Calificado planteó que el adelanto de los tiempos electorales podría ser la causa de la generalización de estas inasistencias.
Evaluaciones individuales y sanciones por conducta perniciosa
En el balance del desempeño individual, las calificaciones más altas correspondieron a María Dolores Robles Chairez (PVEM) con 4.39 puntos, Rubén Guajardo Barrera (PAN) con 4.20 puntos, y María Leticia Vázquez Hernández (PT) con 3.61 puntos.
En contraste, los puntajes más bajos los obtuvieron Héctor Serrano Cortés (PVEM) con -3.04 puntos, Tomás Zavala González (PT) con -3.53 puntos, y Ma. Sara Rocha Medina (PRI) con -6.56 puntos.
Durante este periodo, la organización aplicó de manera inédita la sanción por conducta notoriamente perniciosa a dos diputados. El primero fue Tomás Zavala González, tras la difusión pública sobre su uso de relojes de alta gama. El segundo fue Héctor Serrano Cortés, señalado como promotor de la denominada Ley Serrano, una propuesta cuestionada por implicar riesgos potenciales para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
En cuanto a la actividad parlamentaria específica, Ma. Sara Rocha Medina destacó como la diputada con mayor volumen de trabajo presentado, registrando 63 iniciativas y 24 puntos de acuerdo. Por su parte, Roxana Hernández Ramírez (PVEM) se consolidó como la legisladora con más iniciativas aprobadas, alcanzando un total de 19.
Rubén Guajardo Barrera fue el único integrante del Congreso que obtuvo puntuación en el indicador de Acción Legislativa de Alto Impacto, derivado de la aprobación de la Ley de Justicia Cívica, que constituyó la única normativa nueva creada en el trimestre. En el rubro de comunicación pública, el reporte destaca que únicamente Marco Antonio Gama Basarte (Movimiento Ciudadano) y el propio Guajardo Barrera mantienen sus plataformas digitales y redes sociales debidamente actualizadas.
Finalmente, el registro de inasistencias estuvo encabezado por Mireya Vancini Villanueva (PAN), Ma. Sara Rocha Medina (PRI), Jessica Gabriela López Torres (Morena), Tomás Zavala González (PT) y Dulcelina Sánchez de Lira (PVEM), quienes acumularon tres faltas cada uno en el periodo evaluado.
