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Gallardo alista fast track en el Congreso: busca prohibir celulares en escuelas mediante iniciativa preferente

Con una mayoría sumisa en el Congreso, Ricardo Gallardo perfila usar el trámite preferente para vetar celulares en escuelas de SLP en un plazo de 45 días.

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Bajo la narrativa de «rescatar» la atención en las aulas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona alista la maquinaria legislativa para imponer, por la vía rápida, la prohibición de teléfonos celulares y pantallas en las primarias y secundarias de San Luis Potosí.

Lo que en su discurso público vendió con ligereza técnica como un asunto de «urgente resolución» —un recurso que la ley reserva estrictamente para acuerdos y exhortos sin fuerza jurídica de ley— apunta en la práctica al uso de la iniciativa preferente, el mecanismo constitucional idóneo para saltarse la deliberación pausada y someter al Poder Legislativo a un plazo forzoso.

El artículo 61 Fracción VI de la Constitución local faculta al titular del Ejecutivo a presentar hasta dos iniciativas preferentes dentro de los primeros quince días de cada periodo ordinario.

La trampa procesal es implacable: las comisiones y el Pleno tienen un límite máximo de 45 días naturales para dictaminar y votar. Si los legisladores no lo hacen, el proyecto no frena ni se archiva; por mandato constitucional pasa de inmediato, sin mayor trámite y en sus términos originales, como el primer punto a votar en la siguiente sesión plenaria.

El anuncio de Gallardo no sólo exhibe el habitual desdén por la precisión de la técnica jurídica, sino que anticipa una ruta de mero trámite en un Congreso local caracterizado por la subordinación de su mayoría oficialista. Disfrazada de preocupación pedagógica tras supuestos consensos con padres de familia y maestros, la propuesta busca un pase expedito en tribuna antes de que se abra cualquier debate técnico serio sobre brecha digital, autonomía escolar o infraestructura educativa.

Al margen del tropiezo conceptual en su video de redes, la maniobra política es clara. Si el mandatario formaliza el proyecto bajo el rótulo preferente al arrancar el periodo ordinario de sesiones, el Congreso potosino quedará atado al cronómetro de 45 días para avalar una prohibición tajante, confirmando una vez más que en Vallejo 200 las prioridades del Ejecutivo no se discuten: se procesan en fast track.

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