A la Fiscalía General del Estado y a la Guardia Civil Estatal les urgía disolver un bloqueo carretero, no encontrar a un desaparecido. Para liberar la carretera federal 69 y apagar el escándalo político que incomodaba al Gobierno del Estado tras la desaparición de José Antonio Morales Montoya, las corporaciones recurrieron a su manual más desgastado: montar un operativo de relumbrón y presentar culpables por encargo.
El saldo de este golpe de efecto mediático en San Ciro de Acosta no fue el desmantelamiento de una célula criminal, sino la detención de tres ciudadanos: dos jóvenes deportistas, Karina y Manuel, y Aurora, una mujer con ocho meses de embarazo. Pese a que el marco legal exige criterios de protección y medidas cautelares diferenciadas ante un estado de gestación tan avanzado, el criterio ministerial prefirió el encierro antes que el apego a derecho.
La solidez técnica de la que suele jactarse la autoridad se reduce a una trama insostenible. La imputación contra los tres detenidos consiste en cuatro envoltorios de supuesta marihuana, dosis mínimas que la familia denuncia como sembradas para legitimar el cateo tras la irrupción.
Detrás del despliegue armado no hubo labores de inteligencia ni cruce de datos forenses, sino un rumor vecinal: el dicho de la suegra de la víctima, quien deslizó ante el Ministerio Público que presuntos criminales solían comprar tacos en el local de los detenidos. Cenar en el mismo negocio bastó para convertir a tres civiles en el blanco perfecto de una fiscalía presionada por el reloj.
Frente al Centro de Justicia Penal de la Zona Media, el reclamo ciudadano no exige privilegios, sino el fin de una práctica policial que maquilla su ineficacia encarcelando inocentes. Las autoridades estatales han quedado advertidas: cualquier complicación en la salud de Aurora será su responsabilidad directa. Mientras tanto, el montaje sigue su curso en tribunales y José Antonio Morales continúa sin aparecer.
