La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso incorporar nuevos requisitos para quienes busquen una candidatura a diputaciones y senadurías en las elecciones de 2027, entre ellos exámenes toxicológicos, pruebas de control de confianza y una revisión independiente de su patrimonio.
La iniciativa plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para establecer mayores mecanismos de control sobre los perfiles que aspiren a ocupar cargos de elección popular.
Entre los requisitos propuestos figura una declaración patrimonial ampliada, mediante la cual los candidatos tendrían que informar no solamente sobre sus propiedades, sino también sobre cuentas bancarias en el extranjero, inversiones y activos en criptomonedas.
Murguía propuso además que un organismo independiente verifique la información patrimonial de los aspirantes para determinar si existe congruencia entre lo declarado y sus bienes reales. A este requisito se sumaría la presentación de la declaración fiscal.
La propuesta también contempla que los candidatos presenten un examen toxicológico con resultado negativo y se sometan a un examen de control de confianza que incluya la prueba del polígrafo.
Dentro del paquete de requisitos aparecen igualmente una declaración de ausencia de conflicto de interés, una constancia de no antecedentes penales y la acreditación de que el aspirante no es deudor alimentario moroso.
La senadora explicó que las modificaciones a las leyes electorales deben aprobarse con una anticipación mínima de 90 días respecto del inicio del proceso electoral para que puedan aplicarse. Debido a esta limitación, planteó adicionalmente que instituciones y partidos políticos adopten un protocolo común y voluntario antes de las elecciones de 2027.
De acuerdo con Murguía, ese mecanismo permitiría establecer controles adicionales sobre los perfiles postulados y dificultar que personas vinculadas con actividades delictivas lleguen a las boletas electorales.
La propuesta fue presentada al inicio del periodo ordinario de sesiones y deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de determinar si alguna de estas medidas se incorpora formalmente a la legislación electoral.
Por ahora, los requisitos planteados forman parte de una iniciativa legislativa y no representan obligaciones vigentes para quienes busquen una candidatura en 2027.
