El sistema de justicia en San Luis Potosí enfrenta un panorama crítico, ya que la probabilidad de esclarecer un delito es de apenas el 4.6%, según el más reciente informe de la organización Impunidad Cero. El análisis revela que, a pesar de ubicarse entre los porcentajes más altos del país en este rubro por encima de Guanajuato y Michoacán, la capacidad de respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) se mantiene en niveles alarmantemente bajos en términos absolutos.
La crisis de justicia se agudiza al analizar los crímenes de mayor impacto, donde la impunidad en homicidios dolosos alcanza el 92.2% en territorio potosino. Esta cifra implica que prácticamente nueve de cada diez asesinatos cometidos en la entidad quedan sin resolver, evidenciando un rezago estructural en la persecución de los delitos graves.
El reporte del Índice de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías señala que la institución muestra un contraste severo en sus resoluciones. Por un lado, la FGE potosina logra un 66.1% de efectividad en salidas alternas para procesos penales; sin embargo, contrasta negativamente al no ejercer acción penal en más del 60% de los casos que llegan a su conocimiento.
A este escenario se suma la desconfianza ciudadana, reflejada en una cifra negra del 90.6% de delitos no denunciados, lo que significa que solo el 9.4% de los ilícitos cometidos en el estado se notifican formalmente ante las autoridades. Este fenómeno local se alinea con la tendencia nacional, donde la proporción de denuncias se mantiene estancada en niveles mínimos históricos.
