La parálisis en el sistema de justicia de San Luis Potosí alcanzó niveles críticos. Especialistas de la UASLP advirtieron que los retrasos en los procedimientos legales se intensificaron drásticamente tras la elección del Poder Judicial de 2025 y el consecuente relevo de jueces y magistrados en la entidad.
El litigante y académico Francisco Escudero señaló que las fallas operativas obedecen en gran medida a una purga sistemática de trabajadores experimentados. El despido masivo de secretarios, actuarios y proyectistas dejó las áreas clave sin el personal operativo que tradicionalmente desahogaba la carga laboral.
La curva de aprendizaje de los juzgadores recién electos, sumada al incremento de expedientes por resolver, mantiene colapsadas todas las etapas procesales. Los abogados denunciaron que las citas de notificación presentan retrasos de hasta cuatro meses, cuando legalmente deberían programarse en cuestión de días.
Para revertir la crisis del aparato de justicia, los expertos urgieron a implementar un incremento presupuestal etiquetado exclusivamente para la operatividad interna. Asimismo, señalaron la necesidad de recontratar perfiles capacitados que garanticen la movilidad y dictaminación oportuna de las miles de demandas archivadas.
