La inteligencia artificial (IA) plantea profundos desafíos para el Derecho, abarcando desde la protección de derechos humanos y datos personales hasta la responsabilidad por daños y el uso de contenidos generados por algoritmo. Ante este panorama, el maestro Saúl Rodríguez Corona, catedrático de la Facultad de Derecho «Abogado Ponciano Arriaga Leija» de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advirtió que México enfrenta un claro desfase entre el desarrollo de estas herramientas y la construcción de un marco jurídico idóneo.
El especialista en Derecho Constitucional y Amparo explicó que la expansión de la IA generativa desde 2020 democratizó herramientas capaces de modificar imágenes, imitar voces y crear videos, abriendo un abanico de posibilidades pero también de riesgos legales: “Nos está ganando la inteligencia artificial en cuanto a la carrera con la regulación propia de la misma”, señaló.
Al analizar los modelos internacionales de Estados Unidos, China y la Unión Europea, Rodríguez Corona destacó el esquema europeo por situar a las personas y sus derechos fundamentales en el centro de la legislación. En el caso mexicano, refirió que aunque existen iniciativas en el Congreso de la Unión, aún no hay una ley general integral, por lo que urgió a establecer criterios federales coherentes que eviten normativas locales aisladas.
Entre los principales focos de atención, el académico alertó sobre los sesgos algorítmicos discriminatorios y la necesidad de regular la impartición de justicia, donde la tecnología solo debe actuar como apoyo: “Es fundamental que sea auxiliar en el quehacer diario… siempre y cuando no dependa totalmente de su autonomía; tiene que estar siempre supervisada por personas”, puntualizó.
Asimismo, abordó las implicaciones en derechos de autor, imagen y voz, señalando que el consentimiento explícito y el beneficio económico son claves para deslindar responsabilidades. Aunque reconoció que en el ejercicio del Derecho la IA facilita la gestión de expedientes y redacción de contratos, advirtió que su uso exige supervisión profesional estricta para evitar referencias inexistentes o «alucinaciones» jurídicas.
Finalmente, para el contexto local en San Luis Potosí, el catedrático llamó a realizar foros y mesas de diálogo con universidades, desarrolladores y especialistas, con el objetivo de equilibrar el aprovechamiento tecnológico sin vulnerar la protección de la ciudadanía.
