Con información de Subtexto / Ruth Salazar
En medio del periodo vacacional del Congreso del Estado, la Diputación Permanente sesionará este miércoles 22 de julio para dar trámite a la iniciativa enviada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, la cual propone la derogación total de las reformas al Código Penal conocidas colectivamente como la “Ley Serrano”. La propuesta busca extinguir los delitos vinculados al uso no autorizado y difusión de contenidos generados con inteligencia artificial, aprobados apenas meses atrás bajo el Decreto 0314.
El proyecto de decreto entregado a la XIV Legislatura plantea la derogación del artículo 187 Ter —que sancionaba con hasta tres años de prisión el uso no autorizado de imagen o voz mediante IA— así como del Capítulo V del Título Décimo Primero y sus artículos 272 Bis y 272 Ter, que tipificaban la difusión de desinformación para provocar “alarma social” y la manipulación institucional, con penas de hasta seis años de cárcel.
Retórica de autojustificación institucional
A lo largo de las 31 páginas que integran el documento oficial, el Ejecutivo estatal despliega una argumentación orientada a desmarcar la derogación de un reconocimiento de error. En lugar de ello, el texto dedica 12 páginas a encuadrar la postura gubernamental como un acto de «gobernar con responsabilidad» y sostiene que la norma previa no constituyó una pifia técnica, sino una respuesta «legítima» que, al entrar en vigor, generó «nueva información institucional» y un proceso de «deliberación pública enriquecedora«.
Sin embargo, el documento omite toda referencia a las acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Tampoco menciona los pronunciamientos de organizaciones de defensa de la libertad de prensa como ARTICLE 19, ni los reclamos de periodistas, comunicadores y creadores de contenido. La iniciativa tampoco reconoce los riesgos o afectaciones directas a los derechos fundamentales producidos durante la vigencia de la norma, marco bajo el cual se registraron detenciones de creadoras de contenido en la entidad.
Efecto retroactivo y extinción de expedientes
En el terreno estrictamente jurídico, la derogación de estos tipos penales activa de manera automática el principio de retroactividad en beneficio del imputado, tutelado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una vez que el Decreto de derogación sea aprobado por el pleno parlamentario y publicado en el Periódico Oficial del Estado «Plan de San Luis», todas las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado, así como los procesos penales en curso o las sentencias dictadas al amparo del Decreto 0314, quedarán extinguidas de forma inmediata.
Vacío regulatorio y exigencia de la sociedad civil
En su apartado transitorio, la iniciativa del Ejecutivo señala que la medida «no limita la potestad del Congreso para continuar el análisis» y sugiere el uso de mecanismos de Parlamento Abierto para una futura regulación de la inteligencia artificial. No obstante, el proyecto no establece plazos perentorios, no adjunta un texto sustituto ni impone calendarios de dictaminación al Poder Legislativo.
Ante este panorama, agrupaciones de la sociedad civil como Ciudadanos Observando han manifestado la necesidad de que los eventuales foros de consulta cuenten con la participación directa de especialistas, académicos y comunicadores, a fin de evitar que el nuevo proceso legislativo se reduzca a una simulación institucional y garantice un marco normativo respetuoso de la libertad de expresión y las garantías individuales.
A continuación puedes ver y descargar la iniciativa presentada.
