Una propuesta legislativa orientada a modificar diversos ordenamientos jurídicos busca abrir espacios y derribar obstáculos en el mercado de trabajo formal para la diversidad sexual. La iniciativa impulsada por la diputada Frinné Azuara Yarzábal plantea reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas, la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
La propuesta, respaldada también por los legisladores Héctor Serrano, Cuauhtli Badillo y Marco Antonio Gama, persigue que las dependencias estatales, los ayuntamientos y los órganos autónomos adopten políticas activas de contratación. Asimismo, establece incentivos para que unidades económicas del sector privado que cuenten con más de 20 colaboradores integren a personas pertenecientes a la población LGBTTTIQ+ dentro de sus plantillas laborales.
En los argumentos vertidos en el documento se destaca que este sector de la sociedad continúa enfrentando barreras estructurales para acceder a empleos formales debido a la escasez de políticas de integración. Ante este escenario, la medida se plantea como una acción afirmativa tendiente a la reparación histórica y a la consolidación de la igualdad sustantiva en el entorno laboral.
El diagnóstico se apoya en hallazgos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) realizada por el INEGI en 2021, los cuales indican que contar con una orientación sexual o identidad de género no normativa incrementa significativamente el riesgo de sufrir negativas de contratación. Con este ajuste normativo, se pretende armonizar la legislación local con parámetros nacionales e internacionales mediante mecanismos claros y medibles de inclusión laboral.
