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Acusan tráfico de influencias para proteger a hijo de diputada tras muerte de Liz Castro en Cerritos

Familia de Lizbeth Castro exige justicia tras su muerte en un accidente carretero que implica al hijo de diputada Leticia Vázquez.

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Edgar Israel Castro Dávalos, padre de Lizbeth Sarai Castro González, denunció públicamente un presunto tráfico de influencias para proteger al hijo de la diputada local Leticia Vázquez y del regidor de Cerritos, Raúl Reyes, señalado como el conductor responsable del accidente carretero en el que la joven de 23 años perdió la vida la tarde del domingo 2 de agosto en el tramo entre Villa Juárez y Cerritos, San Luis Potosí.

Según la declaración del padre, el vehículo era conducido a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol. Lizbeth viajaba en la caja de la camioneta junto a otra persona; aunque los ocupantes solicitaron en repetidas ocasiones que disminuyera la velocidad, el conductor ignoró las advertencias. Momentos después, la unidad perdió el control y salió de la cinta asfáltica, provocando que la joven saliera proyectada.

Irregularidades señaladas en el procedimiento

Castro Dávalos sostuvo que el presunto responsable no fue detenido en el lugar ni sometido a exámenes toxicológicos para determinar su estado al momento del percance. Asimismo, afirmó que la diputada local acudió al centro médico donde atendían a su hijo para retirarlo de las instalaciones.

«El peritaje inicial ni siquiera señalaba quién iba manejando, a pesar de que en el lugar había testigos presenciales del hecho», declaró el padre de la víctima, quien enfatizó que estas acciones buscan obstaculizar el proceso legal.

Exigen investigación sin privilegios políticos

Lizbeth Sarai Castro González acababa de concluir sus estudios en la carrera de Ingeniería en Manufactura y se encontraba realizando los trámites para su titulación al momento del deceso. La familia manifestó su temor de que los vínculos políticos de los padres del señalamiento deriven en la impunidad del caso, por lo que exigieron a las autoridades ministeriales que la investigación avance con apego a la ley y sin distinción de cargos públicos.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ni los funcionarios públicos señalados han emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones formuladas por la familia de la víctima.

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