Mientras la entidad enfrenta rezagos prioritarios, la senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, sostiene una intensa estrategia de autopromoción orientada a la sucesión por la gubernatura potosina en 2027, posición que actualmente ostenta su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El despliegue combina el reparto masivo de bienes y dádivas con una fuerte inversión en publicidad digital, un paupérrimo rendimiento parlamentario y marcadas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
Reparto masivo y proselitismo encubierto en territorio
A través de decenas de eventos masivos y publicaciones oficiales documentadas durante 2026, la legisladora federal mantiene una constante movilización en diversos municipios de San Luis Potosí. En estos actos se ha registrado la entrega directa de insumos para el hogar como tinacos, pantallas y estufas, además de juguetes, mochilas, balones escolares e incluso pasteles con su nombre impreso. Asimismo, durante el Mundial de la FIFA 2026, resaltó la distribución de prendas verdes con el número «27» y la imagen del tucán del PVEM, una alusión directa al proceso electoral de 2027.
A esta dinámica se suma su participación en al menos 15 inauguraciones de obras públicas, que abarcan desde canchas deportivas y gimnasios hasta aulas escolares. En estos actos gubernamentales, la senadora suele colocarse en el centro del protagonismo institucional bajo el argumento de acudir por invitación directa del Ejecutivo estatal o de administraciones municipales aliadas.

Pauta digital, esquemas tercerizados y opacidad financiera
La presencia en territorio se respalda con un alto gasto en plataformas sociodigitales. Entre agosto de 2020 y 2026, la cuenta oficial de Facebook de la funcionaria acumula una inversión de 1 millón de pesos en publicidad, destinada a potenciar publicaciones donde exhibe la entrega de apoyos comunitarios y su asistencia a eventos masivos.

A la par, empresas de contenidos comerciales como Badabun han difundido material patrocinado enfocado en ensalzar su figura personal. Estos videos recurren a la imagen de programas sociales estatales —como la entrega de medicamentos de «Visitando Corazones»— e integran pautas publicitarias que han alcanzado hasta 45 mil pesos por publicación al documentar visitas a familias y personas en situación vulnerable. Dicho esquema opera en la opacidad presupuestal, pues no se ha clarificado si el financiamiento proviene de la propia senadora, de las prerrogativas del PVEM o del erario del Gobierno de San Luis Potosí.

Escaso trabajo legislativo frente al costo presupuestal
El volumen de exposición mediática de González Silva contrasta con sus resultados en la LXVI Legislatura del Senado de la República. De 29 iniciativas presentadas con ella como promovente única, únicamente tres han alcanzado la aprobación: la conmemoración del Día Nacional del Gobierno Digital, adecuaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y reformas a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
Pese a presidir la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, el trabajo parlamentario sustantivo se mantiene en segundo término frente a su agenda de posicionamiento local. Para el desarrollo de sus funciones, la legisladora cuenta con un equipo de siete asesores que representan un desembolso mensual de 203 mil pesos netos con cargo directo al presupuesto del Senado.
Inconsistencias patrimoniales y nexos empresariales
La rendición de cuentas de González Silva refleja contradicciones frente a documentos públicos oficiales. Aunque en su declaración patrimonial negó ingresos derivados del sector privado, en el Registro Público de Comercio figura como copropietaria de las empresas Creativa Motors y RG Eventos Sociales, sociedades mercantiles que comparte con María del Pilar Cardona Reyna, madre del actual mandatario estatal.

Por otra parte, mientras en su declaración de 2024 notificó la adquisición a crédito de una camioneta con valor de 1.7 millones de pesos, el automotor dejó de figurar en el reporte posterior. En sus informes patrimoniales más recientes, la senadora sostiene no poseer bienes inmuebles ni vehículos a su nombre, lo que acrecienta los cuestionamientos sobre la procedencia de los recursos que sostienen su proyección política y la construcción anticipada del proyecto sucesorio para 2027.





