Las arcas públicas de San Luis Potosí enfrentan un panorama financiero complejo tras registrar una contracción sostenida en los recursos que envía la Federación. El más reciente informe sobre las transferencias presupuestales revela que la entidad captó 17 mil 831.3 millones de pesos entre enero y julio de este año. La cifra contrasta con los 18 mil 239.6 millones de pesos obtenidos durante el mismo periodo del ejercicio previo. Esta diferencia representa un boquete presupuestal de 408.3 millones de pesos, equivalente a un retroceso del 2.2 por ciento.
A diferencia de los meses anteriores, donde las variaciones negativas encontraban su causa principal en la fluctuación de la recaudación tributaria nacional, la merma de julio responde a un factor distinto. El recorte presupuestal en San Luis Potosí se agudizó debido al desplome en la entrega de los incentivos económicos de la SHCP. Dichos recursos operan como una retribución financiera que el gobierno central otorga a las entidades federativas por su apoyo en tareas de fiscalización y cobranza.
El rubro de retribuciones por colaboración administrativa sufrió una caída drástica del 33.5 por ciento en el comparativo interanual. El estado pasó de recibir mil 025.3 millones de pesos en los primeros siete meses del año pasado a contabilizar únicamente 767.8 millones de pesos en el mismo lapso del presente periodo. Este desplome privó a la entidad de 257.5 millones de pesos, afectando la planeación financiera local.
Tales asignaciones derivan directamente del convenio de colaboración fiscal federal, un acuerdo anual mediante el cual el estado asume responsabilidades que corresponden originalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre estas funciones destacan la ejecución de auditorías a contribuyentes, la notificación y cobro de créditos fiscales, la administración del régimen de pequeños contribuyentes y el auxilio en trámites operativos de diversas dependencias federales. La disminución del estímulo económico refleja un menor retorno sobre la gestión conjunta en estas labores.
La pérdida registrada en el área de colaboración administrativa superó de forma sustancial los descensos observados en otras bolsas de recursos. Por un lado, las participaciones federales a estados sufrieron un golpe en el Fondo General de Participaciones, que constituye la principal vía de ingresos del Ramo 28, acumulando un déficit de 164.3 millones de pesos respecto al año anterior.
Por otra parte, las contracciones vinculadas a la actividad económica nacional también dejaron su huella en la tesorería estatal. La menor captación de impuestos a nivel país provocó una merma de 154.6 millones de pesos por concepto de recaudación del Impuesto Sobre la Renta. Sin embargo, la contracción en los estímulos por tareas delegadas terminó pesando más en la balanza final del mes.
La suma de estos factores configura un escenario exigente para la administración estatal, que ahora debe equilibrar sus proyecciones de gasto ante una menor disponibilidad de recursos líquidos. La tendencia descendente en las transferencias condiciona el ritmo de inversión pública para la segunda mitad del año.
