Familias indígenas de La Peña, en Tampamolón Corona, obtuvieron una resolución judicial que ordena la restitución inmediata de sus viviendas y predios, en el marco de un conflicto territorial que se mantiene desde hace más de tres décadas.
La determinación corresponde al Incidente de Suspensión 405/2026, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Ciudad Valles y posteriormente modificado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.
De acuerdo con Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, la autoridad judicial concedió inicialmente una suspensión provisional con efectos restitutorios y posteriormente confirmó la medida como definitiva.
La resolución también establece límites para las actuaciones de autoridades ministeriales y corporaciones policiales involucradas en el conflicto.
Resolución limita actuaciones de autoridades
La determinación judicial contempla restricciones para el Juez de Control de Tancanhuitz, agentes del Ministerio Público, elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Investigadora y Policía Municipal.
Además, el Juzgado de Distrito estableció apercibimientos de hasta 230 UMA ante posibles retrasos u omisiones del Ministerio Público en el cumplimiento de la restitución ordenada.
La medida busca garantizar que las familias afectadas recuperen la posesión de los espacios que ocupaban antes del operativo realizado en junio pasado.
Operativo desalojó a familias tének y nahua
El conflicto se intensificó en junio, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Ministerial y civiles armados participaron en un operativo para desalojar a más de 100 familias tének y nahua del predio en disputa.
Las personas afectadas denunciaron agresiones físicas y daños a viviendas y cultivos durante el desalojo.
Tras estos acontecimientos, representantes de La Peña acudieron ante autoridades estatales y federales para exigir atención a sus demandas agrarias y solicitar una solución al conflicto territorial que arrastran desde hace décadas.
Las y los comuneros también plantearon la destitución y el inicio de procesos penales contra la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, y otros funcionarios a quienes responsabilizan de las acciones relacionadas con el desalojo.
Observatorio Indígena celebra resolución
El Observatorio Indígena Mesoamericano consideró que la resolución representa un límite a las actuaciones de las autoridades involucradas en el conflicto.
Cisneros Sánchez sostuvo que la determinación judicial establece controles sobre las actuaciones de funcionarios estatales y municipales y obliga a las autoridades a cumplir con lo ordenado por el Poder Judicial.
Por ahora, la restitución de los predios y viviendas de las familias indígenas de La Peña deberá ejecutarse conforme a los términos establecidos por el Juzgado de Distrito, mientras continúa el proceso relacionado con la disputa territorial.
