Habitantes de la comunidad indígena La Peña desmintieron la versión de la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, sobre el operativo del pasado 9 de junio y exigieron la restitución de sus viviendas, pertenencias y una reparación integral por los daños que, aseguran, sufrieron durante el desalojo.
Los afectados respondieron a las declaraciones de la presidenta municipal y de otros funcionarios, quienes sostuvieron que el litigio solo involucra a dos familias asentadas en diez hectáreas y negaron que el operativo hubiera afectado a un centenar de habitantes.
María Dolores Beltrán Ledezma afirmó que La Peña no constituye una colonia, sino una comunidad indígena que mantiene la posesión pacífica del predio desde hace aproximadamente 33 años y que busca regularizar su situación jurídica.
La habitante señaló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Procuraduría Agraria conocen el caso y cuentan con un expediente de más de cinco mil hojas relacionado con la disputa por el terreno.
Beltrán Ledezma también denunció que las autoridades encarcelaron a personas inocentes tras el operativo del 9 de junio, mientras que, afirmó, los elementos municipales y de la Guardia Civil Estatal que participaron en el desalojo permanecen sin sanción pese a las presuntas agresiones contra personas indígenas, mujeres, niñas, niños y adultos mayores.
Olga, una de las afectadas, rechazó la afirmación de la alcaldesa de que solo dos familias resultaron perjudicadas. Aseguró que el operativo destruyó al menos diez viviendas y afectó a más de cien personas que habitan en la comunidad.
La afectada sostuvo que las autoridades demolieron las casas durante el desalojo, aunque la orden judicial, según dijo, únicamente contemplaba la restitución del predio. Añadió que los elementos de seguridad les impidieron retirar sus pertenencias antes de intervenir el lugar.
Además, denunció que los participantes del operativo destruyeron viviendas, enterraron parte de los bienes con maquinaria pesada y sustrajeron diversas pertenencias, entre ellas muebles y objetos de uso cotidiano.
Feliciano Santos Sánchez aseguró que el operativo también destruyó árboles frutales y cultivos establecidos desde hace varios años. Relató que perdió decenas de árboles de litchi, naranjo, mango y plátano que ya se encontraban en producción.
El habitante afirmó que él y otros integrantes de la comunidad sufrieron agresiones físicas durante el desalojo y acusó a funcionarios municipales y mandos de seguridad de ordenar el uso de la fuerza contra los pobladores.
Por ello, las familias pidieron que las autoridades investiguen y sancionen a los servidores públicos y elementos de seguridad que participaron en el operativo, entre ellos la alcaldesa Silvia Medina Burgaña, funcionarios del Ayuntamiento, mandos de la policía municipal, elementos de la Guardia Civil Estatal y agentes de investigación, conforme a las acusaciones expresadas por los denunciantes.
Los habitantes también exigieron la reparación integral de los daños, incluida la reconstrucción de las viviendas y la restitución de muebles, electrodomésticos y demás bienes que, aseguran, perdieron durante el operativo.
Finalmente, las familias anunciaron que llevarán el caso ante instancias del Gobierno de México en los próximos días para solicitar la intervención de autoridades federales y reiteraron que continúan enfrentando actos de intimidación mediante patrullajes y la presencia de vehículos particulares en la zona.
