El gobernador Ricardo Gallardo Cardona calificó como una “tontería” que el Ayuntamiento de San Luis Potosí haya recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el conflicto relacionado con la autorización de 14 proyectos de infraestructura municipal.
Al referirse a la controversia constitucional 396/2026, que el municipio promovió ante la Corte por la falta de respuesta a solicitudes de “no objeción”, el gobernador cuestionó que un asunto administrativo llegara a la máxima instancia judicial del país.
“Temas que son 100 por ciento administrativos, llevarlos a la Corte es una tontería […] La verdad que el municipio ya anda divagando mucho”
Declaró Gallardo Cardona.
El conflicto surgió por las 14 solicitudes de no objeción que el Ayuntamiento presentó ante la Contraloría General del Estado para continuar con procedimientos de licitación de distintos proyectos de infraestructura. El municipio acudió a la SCJN al señalar que la dependencia estatal no había respondido dentro de los plazos establecidos.
Gallardo sostuvo que el Gobierno estatal anteriormente permitió al Ayuntamiento avanzar con algunos procedimientos pese a que todavía tenía observaciones pendientes de solventar. “Sin haber cumplido, a petición del alcalde se le hizo”, afirmó al referirse a esas autorizaciones y a una solicitud del alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El Ayuntamiento argumentó ante la Corte que la falta de respuesta ponía en riesgo 45 millones 913 mil pesos de recursos federales correspondientes al Fortamun y FISM, debido a los plazos establecidos para ejercer esos fondos.
La SCJN concedió una suspensión parcial al municipio y ordenó a la Contraloría pronunciarse sobre cada una de las 14 solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La resolución no autoriza los 14 proyectos de infraestructura ni determina todavía si la autoridad estatal excedió sus facultades. La Corte deberá resolver posteriormente el fondo de la controversia y definir los alcances de las atribuciones estatales y municipales en estos procedimientos.
Cuestionado nuevamente sobre la decisión del Ayuntamiento de recurrir a la vía judicial, Ricardo Gallardo respondió: “Pues ellos traen su ruta, hombre, hay que dejarlo”.
El conflicto entre ambas administraciones comenzó a escalar desde julio, cuando Enrique Galindo acusó que varios proyectos municipales permanecían detenidos en la Contraloría por razones políticas. El titular de la dependencia, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, rechazó entonces esa versión y sostuvo que existían observaciones técnicas y administrativas pendientes de solventar.
En su última actualización, el contralor estatal afirmó que ya no existía ninguna licitación pendiente de resolver con el Gobierno de la capital.
