La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Contraloría General del Estado responder, en un plazo máximo de cinco días hábiles, a 14 solicitudes de “no objeción” que presentó el Ayuntamiento de San Luis Potosí para continuar con procedimientos de licitación de obras públicas.
La medida forma parte de la suspensión concedida dentro de la controversia constitucional 396/2026, promovida por el municipio contra el Poder Ejecutivo estatal. La resolución obliga a la autoridad estatal a pronunciarse sobre cada expediente, pero no autoriza directamente las obras ni determina que la Contraloría haya invadido facultades municipales.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí presentó la controversia el 4 de agosto y cuestionó dos actuaciones. La primera corresponde al oficio CGE/DJCP/468/2026, del 10 de julio, mediante el cual la Contraloría señaló que el municipio no había solventado una observación relacionada con el proyecto del Paso Inferior Saucito. La segunda se refiere a la falta de respuesta a 14 solicitudes de “no objeción” y observaciones sobre proyectos de convocatorias y bases de licitación.
La ministra ponente María Estela Ríos González admitió a trámite el recurso y emplazó al Poder Ejecutivo estatal para que conteste la demanda en un plazo de 30 días hábiles. La Corte no emplazó de manera independiente a la Contraloría, al considerar que se trata de un órgano subordinado al Ejecutivo estatal.
De acuerdo con el expediente, el Ayuntamiento acreditó que presentó las 14 solicitudes ante la Contraloría y que permanecían sin respuesta. La normativa del sistema CompraNet San Luis Potosí establece un plazo de cinco días hábiles para que la Dirección Jurídica de Contrataciones Públicas emita una “no objeción” o formule observaciones, por lo que la Corte ordenó a la autoridad estatal responder cada expediente dentro de ese periodo.
La SCJN precisó que la Contraloría podrá emitir la “no objeción” correspondiente o formular observaciones técnicas debidamente fundadas. La medida cautelar busca evitar que continúe la falta de respuesta mientras el máximo tribunal del país resuelve el fondo de la controversia.
El Poder Ejecutivo estatal deberá informar a la Corte sobre el cumplimiento de la suspensión dentro de los 10 días siguientes. En caso de incumplimiento, el acuerdo contempla un apercibimiento de multa con fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Los proyectos corresponden a solicitudes que el Ayuntamiento presentó entre el 29 de abril y el 20 de julio. Entre ellos están la pavimentación de la calle Amatista, entre Careya y Madre Perla; trabajos en Prolongación Plan de San Luis; la construcción de un Skate Park en El Rosedal; un auditorio en el Centro Deportivo Integral La Garita; y la pavimentación de avenida Potosí, entre Manuel Nava y Montes Apalaches.
El expediente también incluye proyectos para instalar una red de agua potable y drenaje sanitario en Ciudad Madero, Las Flores y Arbolitos; pavimentar Pedro Vallejo y América del Centro; realizar trabajos en prolongación Altamirano; construir un tanque de almacenamiento y línea de conducción en Bellas Lomas; rehabilitar la Calzada de Guadalupe; construir un paso superior vehicular en avenida Fray Diego de la Magdalena y ampliar el segundo cuerpo del Eje 140.
Cuando el Ayuntamiento incorporó los documentos como prueba, los 14 proyectos aparecían con estatus de “sin respuesta”.
El municipio argumentó que la demora ponía en riesgo 45 millones 913 mil pesos de recursos federales provenientes del FORTAMUN y FISM, debido a las reglas que obligan a reintegrar recursos que no se devenguen dentro de los plazos establecidos.
La Corte consideró que existía un riesgo de afectación a esos recursos si el juicio de fondo se resolvía después de enero de 2027. En ese escenario, una eventual sentencia favorable al municipio podría resultar materialmente inejecutable si los 45.9 millones de pesos ya hubieran tenido que reintegrarse.
El Ayuntamiento también presentó el instrumento notarial número 17 mil 452, con el que buscó acreditar el estado del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. La documentación contribuyó a acreditar ante la Corte que las solicitudes permanecían sin respuesta de la Contraloría.
Sin embargo, la SCJN concedió solo parcialmente la suspensión y rechazó otras peticiones del municipio. El Ayuntamiento buscaba autorización para continuar con etapas de las licitaciones, como la publicación de convocatorias, juntas de aclaraciones y apertura de propuestas, aun sin contar con la “no objeción” estatal.
La ministra rechazó esa solicitud porque implicaría anticipar una decisión sobre el fondo de la controversia y sobre la legalidad del esquema mediante el cual el Gobierno estatal revisa los procedimientos municipales de contratación.
La Corte también rechazó suspender por ahora la exigencia relacionada con el Paso Inferior Saucito, mediante la cual la Contraloría solicitó documentación notarial sobre el estado físico de los inmuebles. El tribunal deberá analizar en el fondo si ese requisito excede las facultades estatales o afecta la autonomía municipal.
El juicio deberá definir hasta dónde puede intervenir el Gobierno estatal en las contrataciones municipales y si los requisitos aplicados por la Contraloría resultan compatibles con la autonomía que el artículo 115 de la Constitución reconoce a los municipios.
El conflicto entre ambas administraciones se intensificó durante los últimos meses. En julio, el alcalde Enrique Galindo Ceballos acusó que varios proyectos municipales permanecían detenidos en la Contraloría. El contralor Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz rechazó entonces que existiera un bloqueo político y sostuvo que las validaciones pendientes respondían a observaciones técnicas y administrativas que el Ayuntamiento debía solventar.
El Paso Inferior Saucito quedó entre los proyectos vinculados directamente con la controversia. En septiembre, el Ayuntamiento reservó la información técnica, jurídica, presupuestal y social relacionada con la obra, de acuerdo con una determinación de su Comité de Transparencia.
Por su parte, el contralor estatal afirmó el 15 de septiembre que la dependencia ya había desahogado los proyectos de convocatoria del Ayuntamiento que permanecían bajo revisión y que no existían solicitudes pendientes.
Un informe elaborado el 18 de septiembre por Bufete de la Garza, S.C., despacho que representa jurídicamente al Ayuntamiento, consideró la resolución como un avance para los intereses municipales, aunque reconoció que el proceso todavía se encuentra en una etapa inicial. El Poder Ejecutivo aún debe contestar la controversia, la Corte deberá verificar el cumplimiento de la suspensión y posteriormente resolverá el fondo del litigio.
