El Gobierno de San Luis Potosí analiza la posibilidad de rescindir el contrato con Aquos El Realito, S.A. de C.V., ante las fallas recurrentes del acueducto que abastece de agua a la zona metropolitana. Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), estimó que a finales de diciembre se conocerán los resultados del diagnóstico sobre la viabilidad de mantener la operación de esta infraestructura.
El funcionario explicó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) autorizó 20 millones de pesos para financiar estudios especializados que permitan evaluar las condiciones del acueducto e identificar alternativas para resolver sus problemas operativos.
Banobras lleva a cabo el proceso de licitación para contratar los estudios mediante un esquema del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). El análisis contemplará aspectos técnicos, financieros y jurídicos para determinar las opciones disponibles para el futuro de El Realito.
Entre los puntos que revisarán figura el contrato de prestación de servicios vigente con Aquos El Realito, debido a las fallas constantes en el ducto, los desperfectos en el sistema eléctrico, los problemas en la planta potabilizadora y las deficiencias en el esquema de bombeo.
Martínez Sánchez reconoció que una eventual rescisión del contrato representaría una inversión considerable para el Gobierno estatal, debido a las cláusulas que rigen el acuerdo. No obstante, señaló que también podrían analizar modificaciones a los convenios para evitar condiciones que, en sus palabras, resulten demasiado ventajosas para la empresa.
El titular de la CEA indicó que, aproximadamente tres semanas antes de sus declaraciones, especialistas realizaron una visita física al sitio como parte del diagnóstico. Mientras avanzan los estudios, la dependencia trabaja en una alternativa para reparar el ducto y atender las fallas del acueducto.
Aunque el diagnóstico podría conocerse a finales de diciembre, las soluciones definitivas para los problemas de El Realito podrían extenderse hasta 2027, mientras las autoridades evalúan qué medidas técnicas y contractuales permitirían mejorar la operación de la infraestructura.
