Las tuberías potosinas escupen aire mientras la Comisión Estatal del Agua escupe saliva. A menos un año de terminar la actual administración, la CEA y sus «operadores» insisten en tratar el acceso al agua no como un derecho humano impostergable, sino como un cuadrilátero electoral donde siempre resulta más rentable señalar adversarios que inaugurar infraestructura funcional. Cinco años después de prometer orden, el saldo hídrico de la entidad se reduce a discursos incendiarios, llamados al desacato ciudadano y un desfile interminable de pretextos para eludir el escritorio técnico.
El fiasco del acueducto El Realito retrata con crudeza este modelo de gestión basado en la estridencia mediática. Desde 2022 se anunció con bombo y platillo una intervención salvadora que, en los hechos, dejó a miles de hogares a merced de más de setenta averías documentadas. La narrativa oficial vende parches en presas como El Peaje como si fueran hazañas históricas de ingeniería, pero esquiva con recelo las métricas elementales: no hay claridad sobre el volumen real que ingresa a la red, los pozos efectivamente recuperados ni el presupuesto directo que el Estado ha destinado a perforaciones estratégicas de largo alcance.
La Comisión Estatal del Agua opera atrapada en el cortoplacismo, reducida a un apéndice de choque político que reacciona con boletines cada vez que la escasez detona protestas en las colonias. Mientras tanto, el fantasma del desabasto amenaza con convertirse en un mal sistémico que carcomería las distintas regiones del estado, sin que asome una sola obra troncal que garantice sustentabilidad para la próxima década. Administrar una crisis jamás significó repartir culpas ni sabotear la recaudación de los organismos operadores; gobernar exige poner dinero donde están las fugas y coordinar voluntades técnicas por encima de rencillas partidistas.
El margen de tolerancia social se evapora más rápido que las reservas de las presas. Pretender tapar la inoperancia hídrica con tarimas, propaganda y confrontación diaria evidencia una peligrosa confusión entre hacer campaña y ejercer el poder. Las familias potosinas no abren la llave para escuchar quién tuvo la culpa hace una década; abren la llave esperando agua, y tras un lustro de promesas vacías, lo único que brota del aparato gubernamental es ruido.
