El Ayuntamiento de Tampamolón Corona, encabezado por la presidenta municipal Silvia Medina Burgaña, ha retrasado el cumplimiento de una sentencia relacionada con el despojo del predio La Peña, la destrucción de viviendas y los daños a bienes de sus habitantes, denunció Pedro González Gómez, secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
El dirigente informó que, pese a que los afectados obtuvieron una suspensión definitiva a finales de agosto, el procedimiento para hacerla efectiva permaneció estancado durante los dos meses siguientes. Ante esta situación, buscaron el respaldo de la Procuraduría Agraria y de la Defensoría Pública Federal para dar seguimiento al caso y a las demandas contra quienes participaron en el desalojo del 8 de junio.
De acuerdo con González Gómez, durante el operativo desalojaron, golpearon, humillaron y encarcelaron a habitantes tének y nahuas. También denunció la destrucción de viviendas y muebles, el retiro de animales y los daños a árboles frutales, afectaciones que, aseguró, aún no han sido reparadas.
La CIOAC también trabaja en la preparación de un juicio de prescripción para dar certeza jurídica a los habitantes sobre la posesión de los terrenos. Sin embargo, el dirigente explicó que el proceso se ha retrasado porque necesitan localizar documentos relacionados con quienes presuntamente figuran como nuevos propietarios ante el Registro Público de la Propiedad. La organización prevé presentar la demanda antes de que concluya octubre.
González Gómez acusó a la administración municipal de intentar retrasar el procedimiento judicial y sostuvo que las autoridades habrían comenzado a vender solares al considerar que obtendrían beneficios económicos tras el desalojo. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos del representante de la CIOAC.
“Nosotros queremos que haya justicia, que se le aplique la ley a la presidenta municipal, a la síndico, a la Guardia Civil Estatal y a la Ministerial que participó en el desalojo”, expresó el dirigente, al insistir en que se investigue la actuación de los funcionarios y elementos de seguridad involucrados.
Asimismo, adelantó que representantes de la organización acudirán a la Ciudad de México para dar seguimiento al caso y a otros asuntos agrarios con Marlene Segura, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Sobre las condiciones actuales de la comunidad, González Gómez señaló que el hostigamiento y acoso contra los habitantes cesaron. No obstante, afirmó que continúan pendientes la reparación de los daños materiales y la restitución de los bienes afectados durante el desalojo de La Peña.
