La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantendrá en reserva por un periodo de cinco años los contratos, especificaciones y detalles de adquisición de los perros robot tácticos sumados a las labores de vigilancia. Durante la comparecencia en el Congreso del Estado, legisladores locales cuestionaron esta clasificación al considerar que opaca las medidas de protección para los datos biométricos de la ciudadanía y oculta el nivel de precisión de la tecnología desplegada.
En el marco de la glosa legislativa, la diputación cuestionó la fiabilidad de los algoritmos de reconocimiento facial, la evaluación de sesgos y la existencia de protocolos para evitar detenciones arbitrarias provocadas por falsos positivos. En respuesta, la titularidad de la dependencia sostuvo que las cámaras inteligentes funcionan únicamente como un mecanismo de apoyo cuyos registros se cotejan con las bases de datos de objetivos prioritarios y órdenes de aprehensión vigentes.
A pesar de los sealamientos sobre los riesgos en materia de derechos humanos, la autoridad de seguridad omitió precisar el porcentaje de fiabilidad del sistema o los mecanismos de control sobre los algoritmos. Por el contrario, la dependencia justificó la reserva de información por seguridad bajo el argumento de que la divulgación de las fichas técnicas y esquemas operativos de los drones terrestres pondría en riesgo las estrategias de inteligencia en la entidad.
