Durante su último periodo de gestión previo a su proceso de extinción y transición, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública consolidó una marcada tendencia en favor de los sujetos obligados. Así lo demostró el Censo Nacional de Transparencia publicado por el INEGI, evidenciando el impacto negativo en la defensa del derecho humano de acceso a la información en San Luis Potosí.
De acuerdo con las estadísticas del organismo nacional, el órgano garante local desahogó un total de mil 672 recursos de revisión promovidos por ciudadanos inconformes con las respuestas entregadas por las dependencias públicas. Sin embargo, más del 54 por ciento de dichos medios de impugnación terminaron siendo desechados o sobreseídos por la institución.
El desglose del reporte reveló que la CEGAIP únicamente determinó revocar la respuesta de las autoridades en un marginal 6.8 por ciento de los casos presentados. Por el contrario, un 24.4 por ciento de los expedientes fue desechado por causales de trámite y un 29.8 por ciento culminó en sobreseimiento procesal, dejando sin resolución de fondo los reclamos de opacidad.
A pesar de los cuestionamientos por su sesgo hacia la administración pública potosina, la entidad se posicionó en el quinto lugar nacional entre las 32 entidades con mayor número de impugnaciones tramitadas. Las estadísticas mostraron que durante el año se recibieron 2 mil 527 recursos, acumulando un rezago de 855 expedientes no resueltos al cierre del periodo.
En el ámbito de protección de datos personales, la actuación del órgano garante mantuvo la misma tónica al desechar la totalidad de los cuatro recursos ingresados por la ciudadanía. Estos resultados reavivaron el debate sobre la efectividad de las instituciones encargadas de fiscalizar la transparencia en San Luis Potosí.
