El poder suele equivocarse siempre en lo mismo: cree que obediencia es legitimidad y que repartir beneficios alcanza para comprar la lealtad de la gente. Pero la lealtad que se paga con dinero público no es respaldo, es dependencia. Y gobernar con dependencia no es gobernar, es administrar clientelas.
En San Luis Potosí esa lógica ya se nota. El Gobierno del Estado ha hecho de los programas sociales su bandera principal, y mientras se presume cada entrega, las preguntas que importan siguen sin respuesta: ¿por qué hay municipios que se sienten abandonados?, ¿por qué la salud sigue fallando?, ¿por qué la educación no mejora?, ¿por qué las familias no encuentran un empleo que les permita salir adelante?
La respuesta empieza en los municipios. Un alcalde no es subordinado de nadie. Su compromiso es con quienes lo eligieron, no con la comodidad de quien despacha en Palacio de Gobierno. Sin embargo, cuando la atención del Estado depende de la alineación política, la coordinación deja de ser cooperación y se convierte en chantaje. Y el castigo no lo paga el alcalde: lo pagan las familias que esperan una calle, agua, una clínica con medicinas o una escuela digna. Castigar a un municipio es castigar a su gente.
Esa misma lógica contamina los apoyos asistenciales. Nadie niega que para muchas familias son un alivio real. Pero cuando se entregan como favor, con filtros políticos y con operadores que cobran en simpatías lo que se paga con impuestos, dejan de ser un derecho y se vuelven negocio político. Una despensa no sustituye un empleo digno. Un apoyo no garantiza que una familia prospere. Una beca, por sí sola, no arregla una escuela sin recursos. Un programa social que solo aplaca la necesidad, sin resolverla, mantiene a la gente justo donde le conviene al poder: necesitada y agradecida.
Conviene recordar algo que algunos prefieren olvidar. Ese dinero es de todos. No es regalo personal de ningún gobernante, no genera deuda política y nadie debe un voto ni un aplauso a cambio. Ningún ciudadano tendría que temer perder un apoyo por no simpatizar con un grupo.
Por eso esta temporada de informes es el momento de exigir. Rendir cuentas no es una concesión del poder, es una obligación con quienes lo financian. Y un informe que solo enumera lo que se hizo, sin explicar los resultados ni reconocer lo pendiente, es propaganda, no rendición de cuentas.
Lo pendiente más evidente está en las aulas. Los maestros cargan una de las responsabilidades más grandes del Estado: formar a quienes decidirán el futuro de San Luis. ¿De qué sirve presumir una política educativa si quienes la sostienen todos los días sienten que nadie les responde? Un gobierno que no escucha a sus maestros no tiene derecho a hablar de futuro.
Todo esto lleva a una conclusión incómoda: el poder no se desgasta solo cuando pierde elecciones. Se desgasta cuando la gente deja de creerle, cuando descubre que el apoyo tenía condiciones y que la ayuda venía con factura.
San Luis Potosí merece algo mejor que un gobierno obsesionado con conservar el poder. Merece uno que entienda que su única obligación es mejorar la vida de su gente, y que esa obligación no se negocia.
