El Congreso del Estado mantiene en el tintero la definición exacta para llamar a cuentas a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Itzel Argüelles Moreno mientras en los pasillos legislativos la exigencia de las víctimas y manifestantes sube de tono. Pese a que existe sobre la mesa una propuesta formal para desahogar este ejercicio, los acuerdos cupulares y la burocracia parlamentaria amenazan con alargar un proceso que afuera ya no tolera más dilaciones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Roberto García Castillo, confirmó que existe la intención de recibir a la funcionaria tras la propuesta impulsada por el diputado Marco Gama. Sin embargo, el legislador reconoció que al interior de la Jucopo todavía no logran consensuar el método ni el formato bajo el cual los representantes populares interrogarán a la ombudsperson.
La fecha tentativa colocada en el calendario apunta hasta el próximo 23 de este mes. Aunque García señaló que valoran adelantar la cita para evitar empalmes con otras comparecencias, como la de la Fiscalía, la postergación envía un mensaje de tibieza frente a la urgencia que se vive a las puertas del recinto. Afuera, manifestantes ya advierten con iniciar una huelga de hambre si la convocatoria sigue retrasándose de forma injustificada.
Frente al señalamiento sobre una supuesta negativa de la bancada del Partido Verde a llamar a la presidenta del organismo autónomo, el coordinador morenista evitó la confrontación directa y aseguró que en la mesa de negociación se sostiene el criterio de que acuda.
En el pliego de reclamos pendientes figuran al menos 23 solicitudes específicas de comunidades y pueblos indígenas, expedientes que, según prometió el legislador, se pondrán sobre la mesa bajo un marco de respeto institucional, aunque sin aclarar todavía cuándo habrá respuestas concretas.
