Mediante un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, determinó suspender el cómputo de términos y plazos legales en diversos procedimientos institucionales.
La justificación oficial invoca causas de fuerza mayor provocadas por la manifestación que activistas mantienen en la sede desde el pasado 21 de octubre; sin embargo, para las organizaciones ciudadanas la medida no es más que una maniobra burocrática para evadir señalamientos directos de ineficacia y falta de rendición de cuentas.
El Colectivo VOZES denunció que este acuerdo, con efectos retroactivos a la fecha de inicio de la protesta y vigencia indefinida, traslada el costo del conflicto a las personas que dependen de la intervención del organismo. La determinación no fija una fecha de conclusión para normalizar los procedimientos, sino que supedita los derechos de los usuarios al criterio de la propia presidencia sobre cuándo se restablecerá el acceso ordinario a las instalaciones. Resulta contradictorio que una institución creada para defender garantías individuales aplique mecanismos que dejan en el limbo jurídico los expedientes de quienes buscan justicia frente a abusos de poder.
La protesta que detonó esta parálisis no surgió de un desacuerdo fortuito, sino del hartazgo ante la falta de resultados sustantivos en la gestión de Argüelles Moreno. Mientras la presidencia del organismo formalizó con celeridad la suspensión de sus obligaciones legales, las respuestas a los reclamos de fondo continúan ausentes. El contraste evidencia una prioridad institucional orientada a preservar la permanencia de la funcionaria antes que a escuchar las quejas por omisiones sistemáticas en la atención a las víctimas.
El conflicto también abre interrogantes sobre el respaldo político que sostiene a la actual titular. El Colectivo VOZES demandó tanto al Congreso local como al Gobierno del Estado clarificar si han intervenido en el conflicto y transparentar las actuaciones realizadas en torno a esta crisis. La autonomía constitucional del organismo protector no puede operar como blindaje político contra el escrutinio público, ni los acuerdos institucionales deben servir para obstaculizar la vigilancia ciudadana.
Frente a este escenario, los manifestantes formalizaron la exigencia de renuncia inmediata de Giovanna Argüelles Moreno, señalando una pérdida total de legitimidad y confianza.
Asimismo, demandaron la publicación urgente de un informe verificable que detalle cuántos expedientes, quejas y procedimientos quedaron detenidos por esta orden administrativa, además de exigir que se asegure de inmediato la continuidad operativa para grupos en condición de vulnerabilidad.
