Consejeros nacionales e indígenas presentaron un pronunciamiento ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí y sus comisiones de Derechos Humanos para denunciar la inactividad institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y solicitar formalmente el inicio de un proceso de remoción en contra de su titular, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
El documento expone que el organismo opera con criterios políticos que contravienen su mandato legal, señalando como ejemplo la celeridad de seis meses para emitir la Recomendación 10/2026 a favor de un actor político, mientras prevalece el rezago de más de mil quejas correspondientes a madres buscadoras, víctimas de desaparición, mujeres e integrantes de comunidades indígenas.
A la par, denuncian que frente a la toma de instalaciones por parte de colectivos inconformes, la administración de la CEDH determinó suspender plazos y términos legales por tiempo indefinido, medida administrativa que interrumpió las labores de defensa no jurisdiccional y profundizó la falta de atención hacia los expedientes de las víctimas.
En el ámbito de los pueblos originarios, los firmantes señalan ausencia institucional en zonas Tének y Náhuatl, así como la falta de intervención ante abusos hacia jornaleros agrícolas, migrantes y transgresiones a los derechos colectivos, autonómicos y político-electorales en el estado.
El pronunciamiento atribuye la crisis a designaciones pactadas entre poderes que restaron contrapeso al organismo, lo que derivó en determinaciones deficientes como la propia Recomendación 10/2026, rechazada en su momento de manera unánime por el Consejo Directivo Universitario de la UASLP.
Con fundamento en los artículos 8 constitucional y 29, 38 y 47 de la Ley de la CEDH, los inconformes solicitaron que la próxima comparecencia de Argüelles Moreno sirva como apertura del procedimiento de remoción por incumplimiento grave de funciones, además de exigir medidas cautelares para proteger a los colectivos y manifestantes de posibles actos de intimidación.
