La eterna confrontación entre la izquierda y la derecha, entre sus posiciones moderadas y sus expresiones extremas, parece haberse convertido en una batalla ideológica interminable. Sin embargo, detrás de muchas de estas disputas existe una pregunta que pocas veces se plantea con suficiente honestidad: ¿cuánto de esa lucha responde realmente a principios políticos y cuánto a la ambición de conquistar el dinero y el poder que pertenecen a los pueblos?
La izquierda habla de igualdad, justicia social y distribución de la riqueza. La derecha defiende la libertad económica, la propiedad privada y el esfuerzo individual. En medio están quienes buscan conciliar posiciones, y en los extremos quienes consideran que su ideología está por encima de cualquier otra. Todas estas corrientes tienen planteamientos que merecen ser debatidos. El problema comienza cuando la ideología deja de ser una herramienta para servir a la sociedad y se convierte en un instrumento para alcanzar y conservar el poder.
Porque el poder político, cuando pierde su sentido de servicio, se transforma en un negocio para quienes lo ejercen. Las diferencias ideológicas se utilizan entonces para dividir a los ciudadanos, enfrentar a unos contra otros y mantener viva una polarización que beneficia a quienes necesitan una sociedad distraída de los verdaderos problemas.
Mientras la población discute quién tiene la razón, algunos se disputan los presupuestos públicos, los contratos, los privilegios, las posiciones de influencia y el control de las instituciones. El dinero que debería traducirse en mejores hospitales, escuelas, seguridad, infraestructura, empleos y oportunidades termina siendo, en ocasiones, objeto de intereses particulares.
No se trata de afirmar que toda la izquierda o toda la derecha persigan los mismos intereses, ni de desconocer que existen diferencias reales entre sus propuestas. Se trata de reconocer que la corrupción, la ambición y el abuso del poder no tienen ideología. Pueden instalarse en cualquier partido, gobierno o movimiento que carezca de controles, transparencia y rendición de cuentas.
Los pueblos no necesitan gobiernos que conviertan sus diferencias en una guerra permanente. Necesitan instituciones sólidas, contrapesos efectivos, justicia independiente y servidores públicos que entiendan que administrar los recursos de la nación no significa ser dueños de ellos.
La verdadera división no debería estar entre izquierda y derecha, sino entre quienes entienden el poder como una responsabilidad pública y quienes lo utilizan para su beneficio personal. Entre quienes trabajan para construir sociedades más justas y quienes encuentran en la política una oportunidad para enriquecerse, perpetuarse y someter a los demás.
Al final, las ideologías pueden ser distintas, pero el dinero público tiene un solo propietario legítimo: la sociedad que lo genera y lo entrega al Estado para su administración.
La pregunta que deberíamos hacernos no es quién gana la batalla entre la izquierda y la derecha, sino quién gana cuando los pueblos pierden.
Porque la democracia no puede reducirse a cambiar de administradores del poder cada cierto número de años. Debe garantizar que ningún grupo, sin importar su bandera, se apropie de las instituciones ni del patrimonio colectivo. Los pueblos merecen mucho más que una disputa de colores, discursos y promesas. Merecen gobiernos que sirvan, instituciones que funcionen y políticos que comprendan que el poder es prestado y el dinero público no les pertenece.
La ideología puede dividirnos; la corrupción nos perjudica a todos.
