El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha decidido enfocar sus baterías en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, dejando al descubierto una maniobra que huele más a consigna política que a una auténtica rendición de cuentas. Bajo el argumento de «vigilar el uso del erario en obras públicas», el titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, anticipó revisiones exhaustivas dirigidas a la capital, destapando el sesgo con el que operará la fiscalización en la antesala del proceso electoral.
Aunque el funcionario sostiene que la ley obliga a revisar a los 58 municipios y al propio Ejecutivo estatal, de inmediato matizó su discurso para colocar en la mira exclusiva al gobierno capitalino. La justificación oficial recae en el volumen de presupuesto que administra el municipio y en el historial de observaciones de ejercicios pasados; sin embargo, el énfasis selectivo evidencia el uso de las instituciones auditoras como instrumento de presión y golpeteo contra administraciones que no comulgan con el oficialismo estatal.
Lecourtois López advirtió presuntas irregularidades como sobreprecios, modificaciones en licitaciones y obras no entregadas, señalando directamente lo que llamó «jugadas» de los gobiernos locales. Lo que omite el auditor es que este despliegue técnico —respaldado por laboratorios de obra pública en coordinación con la propia Contraloría General del Estado— surge justo cuando los tiempos políticos se calientan y la capital se consolida como el principal bastión en disputa electoral.
La alianza entre el IFSE y el aparato estatal para intensificar inspecciones despierta serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.
El titular del organismo intentó curarse en salud al afirmar que busca evitar que las obras se utilicen con fines electoreros. No obstante, la narrativa construida desde la institución termina por provocar exactamente lo contrario: convertir el laboratorio técnico de fiscalización en un garrote mediático.
Habrá que ver si el rigor técnico del IFSE se aplica con la misma vehemencia hacia los proyectos y dependencias del gobierno estatal, o si, como todo apunta, el celo auditor seguirá reservado únicamente para los adversarios políticos.
