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Señalan a ayuntamientos y a la CEGAIP por opacidad en sueldos públicos en San Luis Potosí

Ciudadanos Observando denuncia falta de transparencia en ayuntamientos de San Luis Potosí y omisión de la CEGAIP ante el ocultamiento de remuneraciones.

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Los ayuntamientos de San Luis Potosí concentran los mayores niveles de opacidad y el menor cumplimiento de la Ley de Transparencia en la entidad, una situación que facilitan los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) con su inacción, de acuerdo con señalamientos de la organización Ciudadanos Observando.

Entre las administraciones señaladas destaca la del municipio de Mexquitic de Carmona, que preside Francisco Ortiz. La organización civil documenta que dicho gobierno local mantiene en reserva las remuneraciones del alcalde, de los miembros del Cabildo y del resto del personal, acumulando más de un lustro sin publicar estas cifras en la Plataforma Estatal de Transparencia, sin que hasta el momento existan sanciones o consecuencias formales.

El marco normativo local, a través del artículo 84, fracción XI, de la Ley de Transparencia del Estado, establece como obligación periódica la difusión mensual de las remuneraciones brutas y netas de los servidores públicos de base y de confianza. La disposición abarca la totalidad de las percepciones económicas, incluyendo sueldos, compensaciones, prestaciones, primas, comisiones, dietas, bonos y estímulos, además de especificar la periodicidad con la que se entregan dichos recursos.

Ciudadanos Observando también atribuye la persistencia de estas omisiones al comisionado presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, y a la comisionada Ana Cristina García Nales. La organización expone que, al tramitar solicitudes de información para requerir los datos salariales ante las instancias municipales y recibir respuestas negativas, el organismo garante ha descartado las quejas y denuncias interpuestas mediante requerimientos de procedimiento interno o bajo el argumento de encontrarse en etapas de evaluación periódica de los entes obligados.

Pese a que desde enero la ciudadanía formuló solicitudes y denuncias formales por incumplimiento contra diversos gobiernos municipales, a finales de 2026 los expedientes continúan sin resolución, mientras se mantiene en curso el debate sobre el futuro y posible extinción del organismo garante local.

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