Familiares de Silvia Gómez Cervantes se manifestaron a las afueras de los juzgados del penal de La Pila, para exigir justicia y rechazar tajantemente el cambio de medida cautelar que el juez otorgó a Olegario “N”, presunto responsable del feminicidio de Silvia ocurrido en junio de 2017.
Un juez concedió el beneficio de arraigo domiciliario al imputado, decisión que encendió la indignación de la familia, pues recuerdan que el señalado ya se había fugado previamente durante seis años a Estados Unidos tras cometer el crimen.
Arcelia Gómez Cervantes, hermana de la víctima, relató el dolor y la frustración que han vivido luego de que el juez concediera arraigo domiciliario al presunto responsable.
«Pedimos justicia para que lo regresen a la cárcel. Él ya se fugó una vez después de quitarle la vida a mi hermana y enterrarla», manifestó.
De acuerdo con el testimonio de la familia, Silvia permaneció desaparecida 15 días. El 24 de junio de 2017, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición, enterrado en un terreno de la colonia Primero de Mayo (comunidad de Cándido Navarro, Soledad de Graciano Sánchez), predio perteneciente a familiares de Olegario “N”.
Mencionaron que, aunque la madre del agresor intentó justificar la muerte alegando un infarto, los peritajes forenses determinaron que Silvia falleció el 10 de junio de 2017 a causa de un traumatismo craneoencefálico (un golpe en la sien).
Refirieron que Olegario “N” huyó a Estados Unidos, donde permaneció prófugo durante seis años hasta que en 2023 las autoridades estadounidenses lo detuvieron por cometer agresiones físicas en aquel país. Al revisar sus antecedentes, detectaron la ficha roja de la Interpol emitida en México y lo extraditaron a San Luis Potosí.
La familia denunció que las autoridades locales no les informaron sobre el traslado ni la detención en México, enterándose de su llegada a través de redes sociales tres días después.
A casi nueve años del crimen, aún no existe una sentencia definitiva. La familia señala que la defensa del acusado se ha dedicado a interponer amparos de manera sistemática para prolongar el proceso, mientras que la Fiscalía General del Estado no actuó con la firmeza requerida para evitar que el imputado accediera a la prisión domiciliaria al cumplirse el plazo legal.
«Es ilógico que el presunto feminicida tenga más derechos que nosotros como víctimas», recriminó la hermana de la víctima.
La familia hizo un llamado directo al Ejecutivo estatal, Ricardo Gallardo Cardona, cuestionando las cifras oficiales sobre el combate a la violencia de género y señalando la falta de apoyo real a las familias de las víctimas.
Advirtieron que, si la autoridad judicial no revoca la medida cautelar y regresa al presunto agresor a prisión preventiva, escalarán las acciones de protesta con bloqueos de calles y avenidas principales.
«No es justo que tú no nos apoyes como gobierno. Porque bien lo sabes, bien lo sabes. ¿Necesitas que hagamos marchas?, ¿qué quieres?, ¿quieres que te demos un terreno para ti? No, yo no tengo terrenos para darte. Estamos pobres, por eso estamos aquí pidiendo justicia. ¿Qué necesitan?, ¿que cerremos calles, que cerremos carreteras, que perjudiquemos a terceros? Y si le dan la libertad a este sujeto, vamos a cerrar calle tras calle. No nos importa», recriminaron familiares.
