Amnistía Internacional catalogó formalmente como feminicidio la muerte de Karla Pontigo Lucciotto al cumplirse 14 años de los hechos ocurridos en San Luis Potosí. La organización no gubernamental denunció la persistente incapacidad e ineficacia institucional para resolver el caso, el cual estuvo marcado desde un inicio por graves omisiones en la procuración de justicia.
En el historial del expediente iniciado el 28 de octubre de 2012, la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado incurrió en deficiencias procesales críticas. Entre las irregularidades documentadas destacan la alteración de la cadena de custodia, la falta de registro fotográfico en la escena del crimen y la pérdida de evidencias clave que acreditaban la agresión sexual.
Ante la falta de garantías e imparcialidad en la investigación local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en su momento que la Fiscalía General de la República atrajera el expediente. Tras la resolución del máximo tribunal, la ONG hizo un llamado a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, para abordar el asunto con perspectiva de género y protocolos de feminicidio.
Finalmente, el organismo internacional exigió sancionar la negligencia de los servidores públicos que obstruyeron la investigación y viciaron el acceso a la verdad. Amnistía Internacional enfatizó que el caso de Karla Pontigo se mantiene como un emblema de impunidad estructural y fallo sistemático en la administración de justicia en SLP.
