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A un año de la protesta estudiantil, UASLP enfrenta pendientes en protocolos y difusión contra la violencia de género

A un año de la toma del Edificio Central y la Facultad de Derecho de la UASLP, estudiantes exigen mayor difusión de protocolos y confianza institucional.

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A un año de la movilización estudiantil que sacudió a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la comunidad académica conmemora un periodo marcado por transformaciones institucionales, tensiones internas y retos pendientes en materia de equidad y seguridad. Las protestas, detonadas el 17 de octubre de 2025 a raíz de una denuncia por agresión sexual en la Facultad de Derecho, derivaron en la toma de instalaciones, la suspensión de actividades académicas y la toma simbólica del Edificio Central, generando un escrutinio público sin precedentes sobre la respuesta de la máxima casa de estudios ante la violencia de género.

El movimiento estudiantil —organizado de manera independiente por alumnas y alumnos— provocó la renuncia del entonces director Germán Pedrosa y la posterior elección de Georgina González Cázarez como la primera mujer en encabezar dicha entidad académica. No obstante, a pesar de los cambios administrativos y de la aprobación en julio de 2026 de una actualización al Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Hostigamiento, el Acoso Sexual y la Violencia de Género (PASE) —que integró más de 600 solicitudes de pliegos petitorios estudiantiles—, persisten inconformidades y desafíos en la operación cotidiana de la facultad.

Recientes expresiones estudiantiles, como el cierre temporal de accesos y la colocación de tendederos de denuncia en octubre de 2026, evidencian una brecha generacional en la percepción de los mecanismos institucionales. Mientras los estudiantes con mayor trayectoria académica reconocen el paro como una vía efectiva de presión ante la falta de escucha, el alumnado de nuevo ingreso manifiesta incertidumbre y desconocimiento sobre los canales adecuados para solicitar ayuda o reportar conductas irregulares. Ante este escenario, docentes y sectores de la comunidad universitaria insisten en que el reto central radica en garantizar una difusión efectiva y transparente de las herramientas de protección, asegurando que los derechos conquistados tras la crisis de 2025 se traduzcan en confianza y seguridad palpable dentro de las aulas.

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