Las iniciativas para crear un nuevo modelo de transparencia en San Luis Potosí podrían representar un retroceso de hasta dos décadas en materia de acceso a la información pública, advirtió Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP. La académica consideró que las propuestas generan incertidumbre sobre la protección efectiva de este derecho y cuestionó la desaparición de un esquema autónomo que ha operado durante más de 20 años.
Las iniciativas presentadas por el diputado del PVEM, Luis Felipe Castro Barrón, con acompañamiento técnico del Poder Ejecutivo. Entre los principales cambios planteados destaca un nuevo mecanismo para resolver las inconformidades derivadas de solicitudes de información.
Mireles Cárdenas explicó que una de las mayores preocupaciones radica en que los recursos de revisión por respuestas incompletas, negativas de información o declaraciones de inexistencia sean atendidos por instancias relacionadas con los propios sujetos obligados. A su juicio, este esquema comprometería la imparcialidad de las resoluciones y debilitaría uno de los principales contrapesos del sistema de transparencia.
La especialista señaló que el problema no se limita a la estructura institucional. También llamó la atención sobre la incertidumbre que existe respecto al funcionamiento del nuevo modelo, al considerar que esa falta de claridad podría desalentar a la ciudadanía para ejercer su derecho de acceso a la información.
En relación con la propuesta que amplía de 10 a 15 días hábiles el plazo para responder solicitudes de información, con posibilidad de extenderlo hasta 25 días, sostuvo que el aspecto central no es el tiempo de respuesta, sino que las autoridades entreguen información completa, útil y debidamente fundamentada.
La directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP advirtió que el mayor riesgo es que el nuevo sistema responda a intereses de control gubernamental en lugar de fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Agregó que la incertidumbre sobre la operación del modelo no solo se presenta en San Luis Potosí, sino también a nivel nacional, al plantear que las mismas autoridades involucradas en los procedimientos sean quienes resuelvan las inconformidades.
Finalmente, la académica pidió abrir el análisis de las leyes secundarias a la participación de la ciudadanía, especialistas, universidades, periodistas y medios de comunicación, con el objetivo de construir un marco legal que preserve los principios de independencia, imparcialidad y máxima publicidad.
