Nuevas inconsistencias empañaron el proceso legislativo mediante el cual se aprobó la reforma constitucional que modifica los requisitos para la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE). La diputada de Morena e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gabriela Torres López, denunció vicios en las convocatorias previas al dictamen, señalando la falta de notificaciones formales y el posible trámite opaco de los acuerdos.
La legisladora morenista afirmó que no recibió llamado alguno para una supuesta reunión de trabajo programada el 6 de agosto, mientras que la cita del 10 de agosto le fue notificada con menos de 24 horas de antelación. Además de reportar fallas técnicas con el enlace para conectarse de forma remota a esta última sesión, Gabriela Torres López advirtió modificaciones sospechosas entre el borrador discutido por los legisladores y el documento final publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El cuestionamiento sobre el procedimiento no provino únicamente de la bancada guinda. La propia presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ana María de la Cruz Olvera, coincidió en que no existió registro formal de la sesión del 6 de agosto y confirmó que las dudas surgidas en torno al dictamen la llevaron a emitir su voto en contra, sumándose al rechazo de la bancada de Morena, la cual defiende que el perfil al frente de la FGE debe respaldarse con máxima experiencia y preparación técnica.
