El marco democrático y el ejercicio periodístico enfrentan una severa amenaza jurídica en territorio potosino. El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza Longoria, denunció que las fuerzas políticas de Morena, el Partido Verde y sus aliados utilizan al estado como un laboratorio para implementar instrumentos legales represivos. De acuerdo con el especialista, esta medida busca silenciar y atentar de forma directa contra los comunicadores incómodos para el régimen local.
El defensor de los derechos humanos comparó el actual sistema de gobierno de San Luis Potosí con una estructura feudal que opera bajo lógicas absolutistas. Álvarez Icaza advirtió que la aprobación de la denominada ‘Ley Serrano’ representa un retroceso gravísimo en la agenda de libertades públicas. Asimismo, el excomisionado responsabilizó de manera directa al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por promover una legislación que debilita el derecho a la información.
La nueva normativa ha sido calificada como un mecanismo de censura que asfixia los derechos ciudadanos de forma progresiva. El activista remarcó que el ordenamiento legal es peligroso, autoritario y absolutamente antidemocrático, pues replica vicios políticos orientados a corromper o coaccionar a los medios de comunicación. La medida, según explicó, combina las prácticas represivas locales con la agenda que el partido oficialista pretende replicar a nivel federal.
