Artículo 19 alertó sobre el aumento del acoso judicial contra periodistas en San Luis Potosí y advirtió que algunos servidores públicos utilizan denuncias y disposiciones legales para intentar frenar publicaciones críticas.
Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico para Periodistas de Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló que los casos en los que funcionarios recurren a instrumentos jurídicos contra comunicadores representan una forma de presión sobre el ejercicio periodístico.
Sus declaraciones ocurrieron después de que la diputada local y dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, presentó una denuncia contra el periodista Juan José Rodríguez a raíz de publicaciones críticas. El procedimiento no prosperó favorablemente para la legisladora y, posteriormente, Rocha Medina advirtió sobre la posibilidad de iniciar otra acción contra un periodista por una referencia relacionada con una escuela preparatoria vinculada con el PRI.
Cárdenas consideró que, cuando un servidor público utiliza normas o procedimientos legales para intentar silenciar una crítica, convierte esas herramientas en mecanismos de presión contra la prensa.
“Ese es un abuso de normatividades diseñadas”, sostuvo al cuestionar el uso indiscriminado de disposiciones jurídicas para responder a publicaciones periodísticas.
El representante de Artículo 19 explicó que la violencia política contra las mujeres en razón de género busca garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y ocupar cargos públicos sin enfrentar discriminación ni agresiones por su condición de género.
Sin embargo, advirtió que las normas creadas para combatir esa violencia no deben utilizarse sin sustento para frenar investigaciones periodísticas o expresiones críticas sobre funcionarios, manejo de recursos públicos, posibles irregularidades administrativas o presuntos actos de corrupción.
Cárdenas señaló que el ejercicio democrático implica que las personas que ocupan cargos públicos enfrenten un mayor nivel de escrutinio y toleren cuestionamientos de periodistas y ciudadanos.
Añadió que los medios de comunicación y la sociedad tienen derecho a expresar desacuerdos y señalar posibles irregularidades, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
El representante de Artículo 19 también habló sobre la evolución de las agresiones contra la libertad de expresión y señaló que el problema no se limita a ataques directos contra periodistas.
Explicó que uno de los indicadores utilizados por la organización es la existencia de un ambiente hostil contra la prensa, que puede manifestarse mediante discursos estigmatizantes o criminalizantes provenientes de autoridades.
En este contexto, recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se utilizaron expresiones para descalificar a periodistas y medios, a quienes en distintos momentos se identificó públicamente como “enemigos”, “pagados” o “vendidos”. Según Cárdenas, ese discurso tuvo un efecto que posteriormente replicaron autoridades estatales y municipales.
El representante de Artículo 19 sostuvo que esa narrativa contribuyó a normalizar la idea de que la prensa constituye un adversario de los gobiernos, cuando el periodismo forma parte de los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de una democracia.
Otro indicador que genera preocupación, añadió, es el crecimiento del acoso judicial, particularmente mediante el uso del poder público para iniciar procesos contra periodistas o medios a partir de sus publicaciones.
Cárdenas informó que Artículo 19 documentó 69 procesos civiles, penales, administrativos y electorales contra periodistas y medios de comunicación durante 2025 relacionados con contenidos publicados.
El representante de la organización mencionó también los casos que involucran al periódico Pulso, los cuales, consideró, deben generar una alerta sobre el riesgo de que algunos funcionarios intenten presentar el ejercicio periodístico como una conducta criminal.
Frente a este escenario, Artículo 19 llamó a las autoridades a respetar la libertad de expresión, evitar el uso abusivo de mecanismos legales contra comunicadores y garantizar que las investigaciones sobre posibles irregularidades de funcionarios puedan realizarse sin represalias.
