En un desplante de frialdad burocrática que raya en la revictimización, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, encabezada por María Manuela García Cázares, ha optado por el camino del escepticismo técnico frente a la tragedia humana. Mientras el colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros” exhibe en redes sociales la cruda realidad de fragmentos óseos localizados en campo, la titular de la FGE se limita a declarar que «aún no se ha determinado su origen», una postura que las familias interpretan como un intento deliberado de encubrimiento institucional.
El escenario del conflicto es, principalmente, la comunidad de Laguna del Mante. Ahí, donde las madres buscadoras hunden las palas con la esperanza y el dolor a cuestas, han reportado al menos nueve sitios de hallazgo. No obstante, para la Fiscal García Cázares, estos indicios no ameritan —por ahora— el reconocimiento de su naturaleza humana ni la etiqueta de «puntos de exterminio».
«La institución no clasifica los sitios como puntos de exterminio debido a que no se cuenta con información concluyente», afirmó la funcionaria, en un discurso que prioriza la semántica procesal sobre la urgencia de la crisis forense que atraviesa el estado.
A pesar de que las imágenes difundidas por las buscadoras muestran piezas óseas con características anatómicas difícilmente confundibles, la FGE insiste en esperar peritajes que, históricamente, se caracterizan por su lentitud.
La fiscalía ha enfatizado que no existen reportes de desaparecidos en 2025 ni en lo que va de 2026 en esas zonas específicas. Este argumento es visto como una «cortina de humo» para ignorar la acumulación histórica de víctimas y deslindar a la actual administración de la violencia persistente.
Miembros del colectivo señalan que minimizar el hallazgo al llamarlo simplemente «indicios óseos» sin reconocer su probable origen humano busca reducir el impacto político y mediático de las fosas clandestinas en la región.
