La propuesta del Gobierno de San Luis Potosí para otorgar recompensas de hasta un millón de pesos por información que permita localizar personas desaparecidas provocó reservas entre colectivos de búsqueda, cuyos integrantes plantearon destinar esos recursos a identificación forense, genética, vehículos y equipamiento operativo.
La presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, Edith Pérez Rodríguez, cuestionó la efectividad de las recompensas como mecanismo para obtener datos sobre desapariciones. La activista recordó que en el caso de sus hijos ya existían incentivos económicos tanto estatales como federales, sin que eso generara información útil para las investigaciones.
Pérez Rodríguez explicó que sus hijos contaban con recompensas acumuladas por dos millones y medio de pesos: un millón aportado por Tamaulipas y otro millón y medio por autoridades federales. Sin embargo, aseguró que ninguna persona aportó información pese al monto ofrecido, por lo que consideró limitado el alcance de este tipo de estrategias.
La activista también relató que en una ocasión intentó acceder a un esquema de recompensa relacionado con la captura de un presunto responsable, aunque posteriormente descubrió que esos recursos no estaban dirigidos a familiares de víctimas, sino exclusivamente a quienes colaboraran con datos para ubicar a los implicados.
Ante este escenario, Edith Pérez propuso que el dinero destinado a recompensas pueda canalizarse posteriormente a otras áreas prioritarias si no llega a utilizarse. Señaló que los colectivos enfrentan carencias constantes en identificación genética, transporte y herramientas de búsqueda, necesidades que impactan directamente en los operativos.
La representante del colectivo afirmó que las familias buscadoras frecuentemente deben organizar rifas, colectas y actividades para financiar traslados o vehículos durante jornadas de búsqueda en otros estados. Como ejemplo, mencionó operativos realizados en Tamaulipas, donde el espacio disponible en embarcaciones oficiales resulta insuficiente para familiares y personal acompañante.
También advirtió que varias unidades entregadas a instituciones de búsqueda presentan fallas mecánicas debido a la falta de mantenimiento. Según explicó, aunque las autoridades han incorporado vehículos nuevos, muchos terminan deteriorándose rápidamente por ausencia de servicios preventivos y correctivos.
Edith Pérez sostuvo que los colectivos continuarán exigiendo resultados a las autoridades, aunque también mantendrán una postura orientada a construir propuestas concretas. Además, adelantó que solicitarán que cualquier acuerdo relacionado con el programa de recompensas quede formalizado por escrito y respaldado legalmente para garantizar su cumplimiento.
El Gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, informó previamente que el esquema de recompensas formará parte de un convenio con colectivos de familias buscadoras y podría entrar en operación en las próximas semanas en las cuatro regiones de la entidad.
