El Congreso de San Luis Potosí aplazará alrededor de tres semanas la discusión de las nuevas leyes estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, pese a que el plazo para armonizar la legislación local con la reforma federal ya venció.
El diputado Luis Felipe Castro Barrón, integrante de la Comisión de Transparencia y autor de ambas iniciativas, defendió que la nueva legislación debe ajustarse a la ley general derivada de la reforma constitucional, incluso cuando algunas disposiciones actualmente vigentes en San Luis Potosí ofrecen mayores garantías de acceso a la información.
El legislador sostuvo que el objetivo es cumplir con el mandato constitucional y modificar los procedimientos conforme al nuevo marco nacional.
Propuesta amplía plazos para responder solicitudes
Una de las principales modificaciones planteadas corresponde al tiempo que tendrán los sujetos obligados para responder solicitudes de información.
La legislación vigente establece un plazo de 10 días hábiles, con posibilidad de una prórroga por otros 10 días. La propuesta eleva el periodo inicial a 15 días, además de conservar una extensión de 10 días, por lo que el plazo máximo podría aumentar de 20 a 25 días hábiles.
La iniciativa también modifica la periodicidad con la que deben actualizarse las obligaciones de transparencia. Mientras la ley actual establece una actualización por lo menos mensual, el nuevo proyecto plantea que ésta sea trimestral, salvo que la legislación general determine un periodo diferente.
Otro de los cambios consiste en eliminar de la propuesta la obligación estatal específica de publicar mensualmente la relación de egresos, cheques y pagos realizados por los sujetos obligados en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Reducen obligaciones específicas en varios sujetos obligados
El proyecto también modifica el catálogo de obligaciones específicas de transparencia para distintas instituciones.
La propuesta elimina apartados particulares para partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, además de reducir las obligaciones correspondientes al Poder Ejecutivo, ayuntamientos, Congreso del Estado y Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En contraste, mantiene el catálogo específico del Ceepac y amplía algunas obligaciones para instituciones públicas de educación superior y el Poder Judicial.
La nueva Ley Estatal de Transparencia tendría 116 artículos, frente a los 215 que contempla actualmente la legislación estatal.
Castro Barrón rechazó que esta reducción represente una pérdida de derechos y sostuvo que el derecho de acceso a la información permanecerá garantizado, aunque cambiarán los procedimientos para ejercerlo.
Debate se realizará después del receso legislativo
El análisis de las iniciativas no comenzará de inmediato. Castro Barrón indicó que la discusión se retomará cuando el Congreso concluya su periodo de receso, lo que ocurriría en aproximadamente tres semanas.
Antes de que las propuestas lleguen al Pleno, se prevén mesas de trabajo y foros con organizaciones interesadas para revisar posibles modificaciones.
El diputado explicó que la eventual convocatoria a un periodo extraordinario corresponde a la Directiva, mientras que la Junta de Coordinación Política y la propia Directiva definirán la dinámica de participación de las organizaciones.
También señaló que las iniciativas deberán ser dictaminadas en comisiones antes de una eventual votación en un periodo extraordinario.
Nueva autoridad sustituiría a la CEGAIP
Las iniciativas forman parte del proceso legislativo para concretar la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Mientras el Congreso no apruebe las leyes secundarias, la transición del organismo continuará pendiente. El proceso además ocurre después de que el Legislativo dejó vencer el plazo de 120 días naturales establecido para realizar la armonización normativa.
Uno de los cambios más relevantes consiste en sustituir el actual sistema de resolución de inconformidades por nuevas autoridades.
Para el Poder Ejecutivo y los municipios, la propuesta contempla crear el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG), organismo que estaría sectorizado a la Contraloría General del Estado.
Castro Barrón confirmó que el nuevo instituto tendría una sola persona titular, cuya designación correspondería al gobernador del estado.
Para el Congreso, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, los recursos de revisión quedarían en manos de sus respectivos órganos internos de control, en lugar de ser resueltos por un organismo externo y autónomo como actualmente ocurre con la CEGAIP.
El propio legislador reconoció que el nuevo organismo tendría dependencia presupuestal de la estructura gubernamental a la que estaría adscrito.
Congreso promete participación ciudadana
Castro Barrón aseguró que existe disposición para incorporar participación ciudadana en el nuevo sistema de transparencia y planteó incluir representantes ciudadanos en el organismo de coordinación estatal previsto en la iniciativa.
Sin embargo, esa participación deberá incorporarse durante el proceso de análisis, ya que las organizaciones sociales no participaron previamente en la elaboración de las propuestas.
Con el debate aplazado, el Congreso enfrentará en las próximas semanas el reto de armonizar la legislación estatal con el nuevo marco nacional sin reducir las condiciones de acceso a la información que actualmente existen en San Luis Potosí.
