Pese al antecedente negativo de la denominada “Ley Serrano”, la cual derivó en las detenciones arbitrarias de tres comunicadores por ejercer un periodismo crítico contra el poder público, el Congreso del Estado de San Luis Potosí presuntamente busca asestar un nuevo golpe a la libertad de expresión, ahora intentando legislar a marchas forzadas y a puerta cerrada la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en la entidad.
La insistencia del Congreso local ocurre en medio del hermetismo, pues los legisladores impidieron el acceso a los medios de comunicación en la reciente reunión que sostuvieron con la organización internacional ARTICLE 19. La acción no solo vulnera la transparencia legislativa, sino que expone una visible urgencia del Poder Legislativo, la Fiscalía General del Estado y el Gobierno Estatal por “cocinar en lo oscurito” una nueva herramienta punitiva que pretenda ser escudada de manera tramposa tras la visita del organismo defensor de derechos humanos.
Ante esta situación, ARTICLE 19 acudió para ser contundente: el Congreso local NO puede ni debe atentar contra la libertad de expresión, dejando en claro que la organización no acudió a respaldar, revisar ni dar un “aval” a ningún proyecto de ley que atente contra el ejercicio periodístico.
Dentro de los insumos presentados por ARTICLE 19 resalta el límite legal y constitucional que imposibilita al Congreso potosino para actuar con precipitación ante la cercanía de los comicios. Conforme al artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier modificación o reforma legal que incida en el desarrollo de un proceso electoral debe promulgarse y publicarse al menos 90 días antes de que este inicie.
Esta restricción, conocida como veda legislativa electoral, busca garantizar certeza jurídica y evitar que los grupos en el poder modifiquen de última hora las reglas democráticas o creen figuras legales opacas para acallar voces disidentes durante las campañas. Una ley aprobada de manera apresurada que restrinja o sancione la difusión de contenidos informativos en el entorno digital podría contravenir este principio constitucional y quedar sujeta a una eventual acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Más allá de la veda de 90 días, los señalamientos de ARTICLE 19 en un comunicado publicado mediante sus redes sociales exhiben la falta de sustento legal con la que el Congreso de San Luis Potosí pretende sobrepasar sus atribuciones, incurriendo en una invasión de facultades constitucionales. La regulación de la Inteligencia Artificial es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Cualquier intento de un congreso local por clasificar o sancionar el uso de la IA es inconstitucional.
Asimismo, resaltaron que la cárcel nunca es una sanción proporcional frente a la difusión de información, y el Estado carece de facultades para erigirse como un «árbitro de la verdad».
Hoy en día, ninguna autoridad estatal debe avalar a un periodista mediante acreditaciones o requisitos oficiales. Toda persona que ejerza la labor de informar y comunicar la verdad —ya sea desde la prensa tradicional, los medios digitales, como creador de contenido independiente o mediante el periodismo ciudadano— debe contar con protección y respeto para ejercer su actividad libremente.
ARTICLE 19 dejó en evidencia que las asesorías técnicas no sustituyen ni eximen al Poder Legislativo de la obligación de abrir procesos de diálogo públicos, transparentes y participativos con todo el gremio periodístico, colectivos y ciudadanía en general antes de pretender aprobar cualquier medida regulatoria.
