El Poder Legislativo local llamará a cuentas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para aclarar los parámetros utilizados al emitir pronunciamientos públicos. La decisión surge tras los contrastes en los tiempos de respuesta del organismo autónomo, el cual reaccionó de forma inmediata ante un incidente de la Policía Municipal de San Luis Potosí, pero no fijó una postura institucional con la misma celeridad ante el operativo de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, que concluyó con una decena de ciudadanos detenidos.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social, Cuauhtli Badillo Moreno, formalizará una petición para que la Ombudsperson fundamente sus métodos de actuación. El diputado local aclaró que por el momento descarta que los distintos criterios obedezcan a un trasfondo de carácter político; sin embargo, remarcó la importancia de transparentar las metodologías y la oportunidad cronológica con la que el organismo interviene ante posibles agravios hacia la población.
Respecto a las detenciones ocurridas tras el bloqueo en la avenida San Lorenzo por la falta de agua potable, el legislador potosino subrayó que la fuerza pública no debe utilizarse para reprimir legítimos reclamos sociales. Debido a esto, el Congreso del Estado iniciará una revisión técnica para verificar si los elementos de seguridad cumplieron con los protocolos vigentes, respetaron las garantías individuales y salvaguardaron el derecho constitucional a la libre manifestación.
Finalmente, el Congreso local consideró que los recientes disturbios en la zona metropolitana exponen la urgente necesidad de ampliar la capacitación policial en derechos humanos y perspectiva de género. Los mandos policiales tienen la obligación estricta de ajustar su operatividad a los manuales del uso de la fuerza y asegurar que las manifestaciones pacíficas ciudadanas no concluyan en escenarios de violencia o arrestos injustificados.
