El Poder Legislativo agiliza los trabajos para consolidar las modificaciones al marco legal en materia de elecciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Roberto García Castillo, confirmó que existe un compromiso formal para aprobar la reforma político-electoral en el actual periodo ordinario de sesiones, garantizando que el documento definitivo quede listo antes de que concluya el mes en curso.
Con el objetivo de enriquecer el proyecto normativo, los legisladores abrirán espacios de diálogo hacia la ciudadanía en los próximos días. La Jucopo detalló que se organizarán foros de consulta abierta dirigidos a diversos sectores de la sociedad para captar sus opiniones, un esquema participativo que complementará las mesas técnicas de trabajo donde ya se analizan y evalúan a fondo las propuestas de cada grupo parlamentario.
La construcción del nuevo ordenamiento legal prioriza la equidad en las contiendas y el fortalecimiento de la democracia. El diputado García Castillo enfatizó que se busca un acuerdo que garantice un juego limpio para todos los competidores, destacando que el principal punto de coincidencia entre las bancadas es el diseño de candados estrictos contra el crimen organizado para impedir de forma categórica que personas vinculadas a la delincuencia obtengan candidaturas.
El desarrollo de la reforma enfrenta un desafío financiero que las comisiones dictaminadoras deberán resolver de manera eficiente. El legislador admitió que el aspecto presupuestal representa el mayor reto del proyecto, por lo que se priorizará una planeación financiera adecuada que optimice la aplicación de los recursos públicos en los procesos venideros y asegure la viabilidad operativa de las nuevas disposiciones.
Finalmente, el Congreso del Estado ya proyecta la agenda legislativa complementaria de cara a los meses siguientes. García Castillo adelantó que la realización de consultas públicas se trasladará al próximo periodo ordinario de sesiones, una tarea que actualmente se coordina de la mano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de establecer una ruta legal transparente y plenamente apegada a Derecho.
