La definición del financiamiento estatal para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) permanece sin resolverse, luego de que no se concretara la firma del convenio de colaboración entre la Federación y el Gobierno del Estado, documento clave para establecer los recursos que la institución recibiría durante 2026.
Hasta el cierre de este lunes, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que no existe un acuerdo plenamente firmado entre ambas instancias, aunque aclaró que ello no descarta que el convenio pueda formalizarse en una fecha posterior. La falta de este documento mantiene en incertidumbre el presupuesto con el que operaría la universidad el próximo año.
El conflicto se centra en el monto aprobado por el Congreso del Estado, que autorizó una aportación de 320 millones de pesos para la UASLP, cifra considerablemente menor a los 506 millones de pesos asignados en 2025. Esta reducción generó preocupación dentro de la comunidad universitaria, ya que el Consejo Directivo Universitario aprobó para 2026 un presupuesto global de 3 mil 996 millones de pesos, considerando al menos la continuidad del apoyo estatal del ejercicio anterior, lo que anticipa un déficit cercano a los 181 millones de pesos.
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, ha advertido públicamente que el esquema presupuestal propuesto compromete la operación normal de la institución y representa un riesgo estructural. Además, sostuvo que el convenio planteado resulta inconstitucional, al no contemplar un ajuste acorde con la inflación anual, estimada en alrededor del 4 por ciento, lo que implicaría una disminución real de los recursos disponibles.
Mientras el gobernador realizaba actividades en el municipio de Villa de Reyes, el rector acudió a la Secretaría de Educación Pública para exponer la situación financiera de la universidad y defender la necesidad de un mayor presupuesto. No obstante, la diferencia entre lo aprobado por el Congreso local y lo solicitado por la institución mantiene el proceso en un punto de tensión que, de acuerdo con especialistas, podría resultar inviable o incluso ilegal.
En paralelo, ha circulado de manera reservada entre algunos sectores una versión que da por hecho la firma del convenio, aunque sin que exista confirmación oficial ni información pública sobre el monto final acordado. Hasta ahora, las autoridades estatales, federales y universitarias han mantenido en confidencialidad los términos del posible acuerdo, del cual depende el funcionamiento financiero de la máxima casa de estudios en San Luis Potosí.
