De impulsar la «Ley Serrano» a derogarla por conveniencia política, el doble discurso de Gallardo

El anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la propuesta para derogar la denominada «Ley Serrano» expone una profunda contradicción y una evidente estrategia de comodidad política. El mandatario estatal ahora argumenta que la regulación de la inteligencia artificial puede esperar y que es necesario construir una nueva legislación enfocada en fiscalizar a los medios digitales y combatir las plataformas sin responsables identificables.

Sin embargo, este repentino cambio de postura ignora de manera deliberada que la norma en cuestión no surgió de la oposición, sino que fue promovida, operada y aprobada desde un inicio por sus propios aliados y los legisladores de su partido.

Esta pirueta retórica pretende presentar al Ejecutivo como un gobernante sensible a las críticas y abierto al diálogo con el gremio periodístico, cuando en realidad refleja el pragmatismo de un grupo político que retrocede solo cuando el costo social de sus propias iniciativas se vuelve insostenible.

Al declarar que coincide en que la ley debe revisarse y que se abrirán mesas de trabajo con comunicadores de las distintas regiones del estado, el gobernador intenta desmarcarse de un plumazo de un proyecto fallido cuya paternidad le pertenece por completo a su estructura.

El nuevo enfoque de la propuesta gubernamental traslada el foco de atención hacia un terreno igual de polémico: la creación de un registro obligatorio de medios digitales y la regulación para evitar lo que el mandatario califica como plataformas falsas. Si bien el argumento de proteger el trabajo de los reporteros que cubren la nota diaria frente a portales que solo replican información puede sonar empático para el gremio, en el fondo abre la puerta a mecanismos de control estatal sobre quién puede o no ejercer el periodismo digital. Utilizar la supuesta defensa del derecho de réplica y la rendición de cuentas para justificar un padrón de medios locales resulta una salida idónea para mantener la vigilancia sobre la narrativa pública.

La pretendida preocupación por temas periféricos, como el uso excesivo de pantallas en menores de edad, funciona como un distractor en un discurso que busca diluir la responsabilidad política de haber aprobado una ley restrictiva. La gestión estatal demuestra una notable flexibilidad para cambiar de opinión y ajustar sus prioridades legislativas según sople el viento de la opinión pública, evidenciando que las leyes en la entidad no se diseñan bajo criterios técnicos de largo plazo, sino como herramientas de oportunidad política que se impulsan o se desechan conforme convenga a los intereses del grupo en el poder.

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